El ex juez federal de Rosario durante la última dictadura militar, Guillermo Ernesto Tschopp, fue procesado como partícipe por delitos de lesa humanidad durante su desempeño como magistrado.

La resolución fue rubricada ayer por el juez federal Nº 4, Marcelo Bailaque, en un trámite en el que Tschopp fue indagado por ilícitos como secuestros, desaparición forzada de persona y homicidio.

Como había pedido la acusación, Bailaque procesó al ex juez Tschopp “por haber intervenido en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, instaurado a través del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” (24/3/76 al 10/12/83)- en secuestros, torturas y desaparición física (homicidios) de personas sospechadas de realizar actividad subversiva, posibilitando la concreción de dichos hechos ilícitos, no investigándolos, no haciéndolos cesar y garantizando su posterior impunidad”. 

El portal La Capital, detalló que en el procesamiento se señala que en el hábeas corpus en los que intervino Tschopp, en los que hubo un reconocimiento expreso de detenciones ilegales por parte de fuerzas represivas (ya sea policía provincial, federal o ejército), como en muchos otros, “en ninguno de ellos (al menos en los casos analizados) se abrió una sola investigación sobre los hechos con apariencia de delitos ni se ordenó la libertad de alguno de los beneficiarios a pesar de constatarse claras detenciones ilegales que estaban sufriendo o investigar una posible privación ilegal de la libertad”, a la vez que se rechazaron los hábeas corpus y no se dispuso investigación.

Entre las víctimas de los hechos señalados se encuentran entre otros Gustavo Piccolo, Generoso Peralta, Virginia Mulhall, Juan Carlos Ramos, Alicia Schilmann y Luis Alberto Cuello entre otros.

La imputación contra Tschopp fue formulada a fines de julio pasado a requerimiento del fiscal Adolfo Villate, a cargo de la unidad que investiga violaciones a los derechos humanos, en el contexto de delitos contra víctimas de terrorismo de Estado, y con el impulso de la Agrupación Hijos. La causa cuenta con el patrocinio como querellante de la abogada Nadia Shujman.

Según un comunicado difundido en julio pasado por la Unidad Fiscal a su cargo, el fiscal Villate examinó 134 recursos de Habeas Corpus "presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo interpuestos por éstos”. En total la fiscalía estudió 173 expedientes que tramitaron por ante la Justicia Federal rosarina durante la última dictadura cívico-militar.

La denuncia de Hijos aludió entre otros al caso de un detenido-desaparecido que luego de haber sido torturado en el Servicio de Informaciones de la policía provincial a fines de 1976 fue trasladado y alojado en la cárcel de Coronda.

“Ante la presencia de este magistrado denuncia las torturas y los apremios ilegales sufridos en el Servicio de Informaciones, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del consejo de guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo apremios”, indicó la denuncia de Hijos.

La agrupación de Derechos Humanos indicó que el detenido no contó con una defensa y que firmó “todas las actuaciones estando tabicado (vendado)”. Según la denuncia considerada por el fiscal y analizada por Bailaque, “luego del arsenal de denuncias realizadas por la víctima, el magistrado le contesta: ‘¿Usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?’”.