Por Guillermo Rus - Ex director de ARSAT

La comisión Bicameral de los Decretos de Necesidad y Urgencia votó el martes 19 de febrero en contra de la validez del Decreto 58/2019 de Macri que modificaba la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, sancionada en el año 2015, eliminando la reserva de espectro radioeléctrico para comunicaciones móviles a favor de ARSAT.

Una parte del espectro en cuestión fue reservado a ARSAT luego de que en la licitación de frecuencias para 4G del año 2014 el bloque destinado a un nuevo cuarto operador quedara vacante. Inicialmente estas frecuencias habían sido adjudicadas a la empresa Arlink del Grupo Vila Manzano, que ofertó 506 millones de dólares, pero como luego Arlink no cumplió con el pago, la adjudicación quedó sin efecto.

ARSAT tiene reservados 90 Mhz con cobertura nacional, compuestos por frecuencias para comunicaciones móviles 3G y 4G, para desarrollar aplicaciones de Protección Pública y Operaciones de Socorro y Defensa, complementando la Red Federal de Fibra Óptica y atendiendo fundamentalmente las zonas de mayor vulnerabilidad del país, en proyectos propios o en asociación Municipalidades, Cooperativas y Sociedades del Estado.

El decreto, en sus considerandos, no referencia a ningún informe técnico de la ENACOM u otro ente que afirme existe algún problema con la cantidad de espectro radioeléctrico que las empresas de comunicaciones móviles tienen actualmente. El DNU 58/2019 solamente menciona livianamente que el tráfico de datos se duplica anualmente de forma genérica sin cifras precisas. Una vez más, este decreto está motivado por una directiva de las corporaciones empresarias para concentrar recursos y achicar las capacidades del Estado a través de ARSAT.

Incumplimiento de la Ley 27.208

Durante tres años de gobierno de Macri, ARSAT no impulsó ninguna iniciativa para cumplir con los cometidos establecido en la ley 27.208. Los 90 Mhz, con un valor estimado superior a los 500 millones de dólares, se encuentran ocioso debido a la inacción que caracteriza a la empresa estatal desde diciembre de 2015.

Además, la ley de Desarrollo de la Industria Satelital aprobó un plan para la empresa que contempla llevar de dos a seis satélite la flota, siendo el primero de estos ARSAT-3. ARSAT-3, cuya construcción se inició en 2015, está diseñado para brindar Internet satelital de banda ancha en todo el territorio nacional, servicio que no está garantizado por la oferta de satélites extranjeros en la actualidad. El lanzamiento de ARSAT-3 estaba estimado para el 2019, pero desde el 10 de diciembre de 2015 el proyecto su suspendido con distintas excusas y no hubo casi ningún avance.

La suspensión de ARSAT-3 tuvo un fuerte impacto en la actividad de INVAP, empresa estatal encargada de su fabricación, y en la multiplicidad de pymes de la industria espacial nacional que aportan tecnología argentina a los satélites. Pero la suspensión de ARSAT-3 también puso en riesgo los derechos que la Argentina tiene en la posición de 81° Oeste en la banda de frecuencias Ka (que permite brindar Internet satelital de banda ancha), la misma ubicación desde donde opera ARSAT-2 en las bandas de frecuencia C y Ku. Si antes de septiembre de 2019 no se coloca un satélite en la posición de 81° Oeste que transmita en banda Ka, Argentina puede perder su prioridad y esta pasar a otro país.

Como ARSAT-3 se encuentra suspendido, ARSAT tuvo que alquilar el satélite ASTRA-1H a la empresa SES, que lo trasladó desde otra posición orbital a la de 81° para así protegerla y evitar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) le quite los derechos a la Argentina. El ASTRA-1H es un satélite que fue lanzado en el año 1999 pensado para durar 15 años, es decir, está cinco años pasado de su vida útil de diseño. ASTRA-1H no sirve para brindar servicios, es solamente un artefacto que permite proteger la posición y evitar que pasen los derechos de explotación a otro país. El costo anual por poner esta satélite obsoleto en la posición de 81° Oeste es de 7 millones de euros.

Devoradores de espectro

En los últimos años las empresas de comunicaciones móviles (Claro, Personal y Movistar) triplicaron la cantidad de espectro que tiene disponible para sus redes. Antes de la licitación de 4G, las tres empresas tenían 50 Mhz de espectro, actualmente tienen 140 Mhz. Además, producto de la fusión entre Cablevisión y Telecom, esta última tiene que devolver al Estado Nacional 80 Mhz que correspondían a NEXTEL, previamente adquirida por Cablevisión.

Según los informes del sector que publica el ENACOM, entre 2016 y 2018 hubo una caída del 8,82% en la penetración de accesos a las comunicaciones móviles, pasando de 145 accesos cada 100 habitantes en 2016 a 131 accesos cada 100 habitantes en el tercer trimestre de 2018 (Anexo III). En términos absolutos, esto implica una reducción de 4.580.000 líneas en menos de dos años.

Los accesos a las comunicaciones móviles se dividen entre accesos prepagos (carga con tarjeta) o pospagos (abono mensual). Los accesos pospagos son notoriamente convenientes en relación a los precios por minuto pero constituyen un gasto promedio superior al que la mayor parte de la población puede afrontar. En el año 2015 había 7,59 millones de accesos pospagos y 54,25 millones de accesos prepagos, mientras que en el tercer trimestre de 2018 los accesos pospagos fueron de 6,58 millones y los prepagos 52,57 millones. Los clientes pospagos representaban en 2015 el 12,2% de los accesos mientras que en septiembre de 2018 el 10,6%. Esto muestra un claro deterioro en las posibilidades de la población de pagar los cargos por este servicio en los últimos tres años.