El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa, le puso freno al intento del sector de las telecomunicaciones de cortar con el decreto oficial que declaró servicio esencial a la telefonía e internet y ordenó que las empresas tengan una tarifa social. Lo hizo al rechazar el dictado de una medida cautelar de la empresa Telecom, que buscaba suspender la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 690.

De esa forma, el juez decidió rechazar el amparo que había presentado la empresa Telecom para que se le permita aumentar los precios de sus servicios en un 20%, en lugar del 5% autorizado por el ENACOM, la autoridad que regula los servicios de comunicación.

El pedido de inconstitucionalidad, ahora desestimado por el órgano judicial, era en cuanto a la declaración de "servicio público" de la provisión de Internet que brinda el holding Telecom, Fibertel, Cablevision pertenecientes en su porción mayoritaria al Grupo Clarín.

Antes de conocerse este fallo lo último que había comunicado a sus usuarios la empresa Telecom era: "El aumento informado oportunamente se mantiene vigente. La Cámara que representa a las empresas del sector, ATVC ha presentado un recurso administrativo, en defensa de los derechos de sus empresas asociadas. Cualquier novedad se informará a los clientes por los canales habituales y de corresponder se realizarán los ajustes pertinentes".

A la vista de los acontecimientos, las empresas Cablevision y Fibertel deberían comunicar en lo inmediato la devolución retroactiva a quienes ya abonaron y la refacturación para aquellos que aún no habían pagado con ese incremento.