El juez federal Julián Ercolini archivó este miércoles una denuncia armada por la ex diputada Elisa Carrió contra la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó por supuestas irregularidades en la ubicación de un inmueble por parte del organismo. La falsa información se había originado en el Diario Clarín. 

La denuncia había sido promovida por la fiscalía de Saavedra a cargo de José María Campagnoli, tras hechos descriptos en una noticia publicada en abril de 2017 en el sitio web del diario Clarín, relativa a supuestas irregularidades en la locación de un inmueble en la AV Corrientes por 6,5 millones que nunca se habría usado. Todo falso. 

El objeto de esta investigación fue ampliado en orden a otros dos hechos que fueron denunciados por la "denunciadora serial" Elisa Carrió y Fernando Sánchez, también relativo a presuntas irregularidades en convenios celebrados por la PGN para la adquisición o locación de inmuebles durante los años 2014 y 2015.

Según la denuncia que se desprende de una nota de Clarín, entre julio de 2015 y enero de 2016 ese órgano alquiló a VBR Group SA el inmueble ubicado en Av. Corrientes 1615 de esta ciudad, por el que le pagó un total de $ 6.580.000, una razón de $ 940.000 por mes; ello, a pesar de que el edificio no fue utilizado para los fines por los cuales se había requerido la locación, en tanto ninguna persona trabajó en el lugar en el período señalado, ni tampoco se instaló allí alguna dependencia del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a la denuncia.

Asimismo, se denunció que a través de una adenda la PGN se comprometió a la erogación de $ 3.570.511, en concepto de pago adelantado del alquiler del inmueble por los primeros meses de 2017.

Luego de celebrado el contrato de locación cuestionado, el órgano que suscribió el convenio optó por rescindir el vínculo en razón de la suspensión de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal, con el nuevo modelo acusatorio, conforme fuera ordenado a través del decreto nro . 257/2015.

Por ello, la Procuración considerada que a fin de evitar “erogaciones innecesarias” y en virtud de la “situación de restricción presupuestaria imperante”, correspondía rescindir unilateralmente el contrato de locación que se había suscripto con VBR Group SA,

En la denuncia se había expuesto además de que la PGN había adquirido a través de una contratación directa todos los muebles instalados en ese edificio a cambio de la suma de $ 203.000, los cuales, no llegaron a usar.

En la resolución se remarcó que del resultado de las medidas probatorias llevadas a cabo, la fiscalía interviniente concluyó que las maniobras denunciadas no han sido corroboradas.

“Luego de desarrollada una extensa investigación en la que elucidara distintos aspectos fácticos, y efectuado el correspondiente análisis probatorio respecto de los resultados a los que se arribara con las medidas practicadas, el representante del órgano que reviste la titularidad del ejercicio de la acción penal pública arribó a la conclusión de que lo actuado no le ha permitido continuar sustentando la hipótesis inicial de investigación que fuera planteada ”, advierte la resolución.

La periodista Vanesa Petrillo, detalló que s obre VBR Group SA se obtuvieron constancias registrales en materia societaria e impositiva de la empresa, así como fotocopias del título de compraventa del sito en Av. Corrientes 1615, del contrato de locación celebrado con la PGN, del acta inmobiliaria del edificio, de distintas facturas relacionadas con pagos de comisiones y de cuotas de alquiler del inmueble.

También se obtuvieron constancias relativas a la comunicación de la rescisión del vínculo, dispuesta por la PGN a través de la resolución ADM 387/2016, así como a los reclamos que ese acto motivó y la devolución del inmueble; ello, sumado a la orden de compra y la factura correspondiente a la adquisición, por parte de la Procuración, del mobiliario instalado en ese edificio.

Tras escuchar varias declaraciones testimoniales, el juez homólogo la solicitud efectuada por el fiscal que propició el archivo del caso.

En junio pasado, Gils Carbó fue enviada a juicio por el juez Ercolini en una causa por irregularidades en la compra de un edificio en la calle Perón, para la Procuración. La ex Procuradora ya denunció ante la justicia una persecución en su contra encabezada por Mauricio Macri, al declarar como testigo en una de las causas en la que se investiga una mesa judicial que habría presionado a jueces y fiscales.