Este miércoles el juez Ariel Lijo archivó por inexistencia de delito la causa por el mausoleo de Néstor Kirchner que impulsó Patricia Bullrich hace 11 años, y que decantó en tapas y tapas en los grandes medios, allanaron el cementerio de Río Gallegos, la legislatura de Santa Cruz, la intendencia de la capital provincial, el Concejo Deliberante, las oficinas de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, y hasta se presentó un testigo, alineado con el macrismo, que cinco años más tarde dijo que en 2013 hubo bolsos con dinero en el mausoleo.

En un extenso fallo, el juez Lijo analizó todas las evidencias y concluyó que la cesión del terreno fue votada por el Concejo, luego la Legislatura aceptó la donación, la construcción no le costó un peso a la administración ni nacional ni provincial, no hubo beneficio para nadie y --como señala la norma votada por los legisladores de Santa Cruz que lo declararon Patrimonio Histórico-- se construyó “para que los residentes cuenten con un sitio especial para homenajear y visitar al expresidente, como así también recordar su trayectoria”.

En las 18 páginas del fallo en el que ordenó el archivo de la causa por inexistencia de delito, Lijo detalló todo lo que se hizo en el expediente y las conclusiones:

El 18 de noviembre de 2010, a menos de un mes de la muerte de Kirchner, el Concejo Deliberante de Río Gallegos votó por unanimidad pedirle al cementerio la reserva de un predio para que descanse el expresidente. La resolución fue la 299/10.

El 8 de junio de 2011, la Legislatura, por pedido del gobernador de Santa Cruz, hizo la cesión del terreno. Luego se aceptó la donación del predio.

El municipio de Río Gallegos autorizó dos veces la realización de las obras, primero de la compactación del terreno y luego la edificación del mausoleo.

Todo fue realizado por Localzo y Del Curto Construcciones, la empresa de Lázaro Báez más orientada a la arquitectura. Según testificaron los responsables, Báez supervisó cada detalle.

El presupuesto inicial fue de tres millones de pesos, pero los peritos oficiales calcularon que, al final, terminó costando 7.500.000 pesos. Todo fue absorbido por Austral Construcciones, la empresa madre de Báez.

En el momento de resolver, el juez Lijo transcribió la Ley de Ética Pública por la cual los funcionarios no pueden recibir regalos, los que en cualquier caso deben ser incorporados al patrimonio estatal. “No se advierte --concluye el magistrado-- que se haya violado la ley ni que se haya cometido ilícito alguno”, entre otras cosas porque el mausoleo fue incorporado, mediante una ley, al patrimonio histórico provincial de Santa Cruz. El terreno y la construcción en sí misma siempre fueron propiedad provincial, no de la familia Kirchner, que tiene un panteón en el que se depositaron los restos al principio.

“Los fondos utilizados para la construcción del mausoleo tuvieron como objetivo que los residentes puedan rendir homenaje y recuerden la trayectoria e importantes cargos que ostentó en todos los niveles del Estado, así como la trascendencia internacional de su figura. No se advierte que se trate de un regalo para un funcionario público”, finaliza el magistrado.

Como en casi todas las denuncias iniciadas por el macrismo, el objetivo no fue otro que el hostigamiento y la persecución política y su correspondiente cobertura mediática, destinada a la campaña de desprestigio permanente sobre el peronismo en sus múltiples formas.