Se complica un caso que podría derivar en un verdadero escándalo en Juntos por el Cambio a poco del cierre de listas y la campaña electoral 2021: el fiscal federal Ramiro González impulsó y pidió varias medidas de prueba en la denuncia a tres diputados del PRO que, según audios de WhatsApp, mensajes y testimonios, le exigían y quitaban hasta la mitad de sus sueldos a sus asesores y empleados.

Según un dictamen al que tuvo acceso Télam, el funcionario judicial abrió una investigación contra los denunciados: el diputado nacional Alberto Asseff - que en 2019 le sacó su sello partidario a José Luis Espert para dárselo a Miguel Ángel Pichetto a cambio de un lugar en la lista de JXC - y sus pares Estela Regidor e Ingrid Jetter.

Para avanzar en la investigación, en primer lugar el fiscal González, según consta en el documento, remitió un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que le entregue "la nómina total de personas que fueron contratadas, bajo cualquier modalidad y/o cargo" por los tres denunciados. Así busca corroborar que los denunciantes efectivamente, como se sabe, trabajaban para los denunciados.

"Por otra parte, solicítese que se informe desde qué fecha asumieron sus cargos el diputado y las diputadas y hasta qué período se desempeñaron y/o se desempeñarán en ese cuerpo legislativo, debiéndose acompañar copia del correspondiente acto administrativo que dé cuenta de ello", también le pidió al titular de la Cámara baja y dirigente del Frente de Todos.

Además, el fiscal requirió se informe a su fiscalía "todos los datos personales de los miembros de ese cuerpo legislativo, en particular del número de sus teléfonos móviles personales y, si tuvieran, de los funcionales". De esa manera, busca confirmar que los intercambios de WhatsApp, que en el caso de Regidor incluyen audios concluyentes, pertenecen a los denunciantes y denunciados, reseñó por su parta Política Argentina. 

En otra medida de prueba, el fiscal también pidió a empresas de telefonía móvil un informe sobre titularidad de líneas telefónicas de dos de los supuestos afectados por los reclamos indebidos de parte del salario, Daniel Vico y María Cappa.

La denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y quedó sorteada en el juzgado federal de María Servini, quien delegó la pesquisa en la fiscalía a cargo de González. 

La presentación se basa en publicaciones periodísticas que dieron cuenta de supuestos reclamos de parte de los salarios o "dádivas" pedidas a cambio de nombramientos. 

El abogado denuncia “la existencia de una organización que se dedicaría a cometer este delito, pues para llevarlo adelante se verificaría la existencia de más de tres personas que han formado un gran grupo (posiblemente hasta inscriptos como partido político)”.

Además de asociación ilícita, habría un posible pago de dinero a cambio de otorgar “contratos”, cuyos orígenes en definitiva son públicos, salidos del erario estatal, lo que constituiría la comisión del delito de fraude contra la administración pública.