Con la puesta en marcha del Plan de Seguridad para el Conurbano bonaerense que el Presidente Alberto Fernández anunció el pasado 4 de septiembre con la publicación del Decreto 877/2020 en el Boletín Oficial provincial, se creó el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense y se aprobó el Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera entre la Jefatura de Gabinete de Ministros nacional y la Provincia de Buenos Aires, que se firmó el 10 de septiembre pasado y consiste en 10.000 millones de pesos que se destinarán a fortalecer la seguridad de 24 distritos del Gran Buenos Aires.

De acuerdo a la normativa publicada este lunes, el 75 por ciento del total será girado directamente a los municipios, principalmente, para comprar nuevos móviles policiales, mientras que el 25 por ciento restante será administrado por la Provincia para la “adquisición de equipamiento de seguridad, chalecos antibalas, armamento, municiones, cámaras de seguridad, tecnología y analítica aplicada y logística”.

El criterio de distribución a los 24 distritos alcanzados se basa “en el índice poblacional de cada municipio”. En consecuencia, el partido de La Matanza, para la cual se calcularon 2.281.194 habitantes, le corresponderá el 20,25 por ciento de esos 7.500 millones, lo que equivale a 1.518.891.782 pesos. Ese monto representa alrededor del diez por ciento del Presupuesto 2020 aprobado en el Distrito, que ascendió a los 15.495 millones de pesos.

Además, el decreto establece que el 80 por ciento de los fondos transferidos a los intendentes deberá destinarse a “la adquisición de nuevos móviles policiales (camionetas, autos y motos)” y, a su vez, el 20 por ciento de ese monto, “podrá usarse para el mantenimiento que éstos, o los existentes, requieran”. “El 20 por ciento restante, se aplicará a la adquisición de otros equipamientos de seguridad, tales como chalecos antibalas, cámaras de seguridad, tecnología y analítica aplicada, punto seguro con botón anti pánico, entre otros”, agrega la normativa y aclara que “en ningún caso, podrán aplicarse los fondos transferidos para financiar gastos en haberes, viáticos y movilidad”.

El decreto también destaca que “los aportes que se realicen a favor de los municipios tendrán el carácter de no reintegrables” y deberán “ser solicitados” por cada distrito y “otorgados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, en base a la reglamentación que al efecto aprueben, en forma conjunta, los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Jefatura de Gabinete de Ministros” que, también, determinará de qué modo deberán ser rendidos los fondos a la Provincia.

En ese sentido, también se agrega que la Provincia “se obliga a garantizar la inversión de la totalidad de los fondos dentro de un plazo máximo de 120 días contados a partir de la fecha de la efectiva recepción del fondo en la cuenta bancaria habilitada para tal fin” y agrega que, para su efectiva inversión, la Gobernación “suscribirá convenios con dichos municipios, en los que se establecerán la distribución de los recursos y el programa de adquisiciones”. A su vez, una vez girados los aportes a cada arca municipal, la Provincia tendrá “360 días” para rendir los gastos a Nación.

El Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense se integrará con Aportes No Reintegrables del Tesoro Nacional, a los que se sumará “cualquier otra fuente de financiamiento que determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas” bonaerense, aclara la normativa.

Entre los argumentos del decreto, se plantea que “no obstante los ingentes esfuerzos que viene realizando el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con relación al flagelo de la inseguridad, es necesario apoyar dicho esfuerzo brindándole recursos que contribuyan a mitigar este déficit” y alega que esa demanda “se ha visto acrecentada con la exclusión social vivenciada en ese territorio tras cuatro años de políticas neoliberales, sumado a la crisis sanitaria que le toca atravesar al mundo tras la aparición del nuevo virus COVID-19”.