En medio del debate por la legalización del aborto que se votará el próximo 13 de junio, el senador de Cambiemos, Marcelo Pacífico, presentó un proyecto de ley que busca “proteger los derechos de las mujeres embarazadas y los niños por nacer en la Provincia de Buenos Aires”. 

Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa plantea una asignación especial, equivalente a una jubilación mínima, cuando el embarazo sea fruto de un delito contra la integridad sexual. Acorde al texto, la mujer embarazada recibirá un ingreso económico durante todo el período gestacional y en caso de que se decidiera “asumir la crianza del niño”, el Estado le abonará hasta que cumpla los 18 años de edad.  

El senador de Cambiemos, Marcelo Pacífico, junto a la Gobernadora María Eugenia Vidal.

 El debate por el aborto abrió una grieta interna en el bloque de Cambiemos. Durante la semana, un grupo de legisladores participó de un pañuelazo a favor de la iniciativa. Dos días después, convocada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, se realizó la contra foto con los dirigentes del oficialismo que rechazan la legalización del Aborto.

 Bajo el lema “Si a la vida”, la jornada contó con la mayoría de los funcionarios y legisladores del oficialismo. La puesta en escena en contra del proyecto contó con el aval y la adhesión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

 En esta última línea, se encuentra el senador oriundo de Pergamino, Marcelo Pacífico, quien presentó este proyecto que atenta contra el derecho a la salud de las mujeres. En los fundamentos de su iniciativa, “el niño por nacer” es todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo hasta su efectivo nacimiento.   

 “Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros” sostiene el proyecto de ley, que considera como un caso paradigmático de violencia contra la mujer, cualquier interferencia externa que tenga por objetivo inducir o convencer a una mujer a interrumpir el curso de un embarazo mediante la práctica de un aborto.    

El polémico también habilita a cualquier ciudadano a interponer una acción judicial cunado “haya una omisión en los órganos gubernamentales del Estado en sus deberes de proteger los derechos de los niños por nacer”. En caso de prosperar la iniciativa, se ataca directamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. 

Además, la norma establece que el Estado debe garantizar que la figura del Asesor de Incapaces debe actuar en defensa de los “niños por nacer” cuando haya un riesgo de afectación a sus derechos.