En la legislatura bonaerense se presentó un proyecto para que los municipios puedan implementar las leyes de Abastecimiento y Defensa del Consumidor. "El objetivo de darles mayor poder a los municipios en las tareas de control y sanción" sostuvo el senador del Frente de Todos, Francisco Durañona quien encabezó la iniciativa.

 Además, eleva el límite de las multas desde los $500.000 actuales hasta $10 millones.“Es necesario empoderar a los municipios porque son el ámbito más cercano a la ciudadanía”, incistió Durañona. El proyecto contó con la colaboración del diputado provincial de Juntos Por el Cambio Daniel Lipovetzky.

La iniciativa propone incorporar al cuerpo de la ley el artículo 1° bis, que tendría la siguiente redacción: “Las disposiciones de la presente ley serán aplicables, en cuanto sea pertinente, a las infracciones enmarcadas en la ley nacional de abastecimiento Nro. 20680, sus normas modificatorias y complementarias, facultándose a los municipios a la inspección, juzgamiento y sanción de las mismas.”

La intención de esta modificación, explicó Durañona, es “poner a la Provincia y a los municipios a trabajar en el sentido que indicó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se trata de colaborar en el control de los precios máximos y también resolver de fondo, de manera práctica, concreta y operativa la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los municipios de nuestra provincia".

En igual sentido, el ex intendente de San Antonio de Areco plantea la importancia de actualizar los montos de las multas contemplados en el artículo 73° de la normativa, aumentándolas desde los límites entre $100 y $500.000 que tienen actualmente hasta un rango que vaya desde los $10.000 a los $ 10 millones.

Finalmente, Durañona establece la necesidad de cambiar el artículo de la ley en el que se especifican las cuestiones que serán tenidas en cuenta al momento de implementar las aplicación y graduación de las sanciones previstas.

Vale subrayar que, si bien lleva la firma de Durañona, el proyecto fue elaborado en colaboración con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.

En relación a la iniciativa, Lipovetzky explicó que “es necesario parar con los aumentos de precios abusivos en forma urgente”, añadiendo que se trata de “un deber de todos, sin diferencias partidarias ni especulaciones de ningún tipo”.

En esa dirección, evaluó que “la ley provincial actual no es clara respecto a que la violación de los precios máximos configure una falta grave en perjuicio del consumidor”, razón por la cual “con este proyecto aclaramos la normativa, lo que es muy importante para que los intendentes controlen y protejan a la gente contra los abusos”.

En cuanto a la oportunidad de realizar las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, Durañona resalta que "la Argentina y el mundo se encuentran transitando una circunstancia jamás vivida a partir de la epidemia del COVID-19". 

En ese sentido, en lo atinente al acceso al consumo se ha resuelto la fijación de precios máximos para determinada cantidad de productos, como así también se han acordado con un conjunto de empresas valores referenciales para otro grupo de artículos (Precios Cuidados).