Mientras crece la condena a nivel regional hacia el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Evo Morales, el gobierno argentino negó la interrupción del orden constitucional y tampoco condenó la violencia política, con el aval de las fuerzas armadas, que culminó con la renuncia del presidente boliviano.

A partir de la consumación del golpe de Estado, ni el presidente Mauricio Macri y tampoco la gobernadora María Eugenia Vidal hicieron declaraciones públicas sobre lo acontecido en el país vecino. La postura oficial se conoció por un comunicado de la Cancillería Argentina que niega el derrocamiento y hace hincapié en las “irregularidades” detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), que en la práctica tuvo una participación en la orquestación del golpe de Estado.

A diferencia del silencio cómplice del gobierno, el presidente electo, Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, salieron rápidamente a repudiar el golpe cívico militar en Bolivia.