Después de que el Ministerio Público rechazara la proposición acusatoria que presentaron diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, familiares y activistas de las víctimas de los hechos violentos de la zona de Huayllani, en el municipio de Sacaba (Cochabamba) salieron en protesta este miércoles.

“Como sacabeños, como familia de los caídos, nos parece una falta de respeto que se nos rechace estas acusaciones contra Jeanine Áñez. No queremos impunidad en Bolivia, queremos justicia”, manifestó José Zurita, uno de los representantes de la protesta, en entrevista con Bolivia TV.

“Seducción a las tropas tipificada en el Código Penal, Sedición, prolongación de funciones, atribuirse el derecho del pueblo, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, conspiración son los delitos”, fueron las acusaciones que refirió Andrónico Rodríguez contra Áñez, donde también se incluyen estos hechos.

“Los hechos no pueden quedar en la impunidad, reconciliación sí, pero con justicia”, agregó la autoridad, ya que resolver diferencias políticas no implicaría pasar por alto el perjuicio al país y se debe aplicar sanciones ejemplificadoras, “no han perjudicado solamente al MAS sino a todo Bolivia”, acotó.

Por su parte, desde NODAL Informaron que Gregorio Gómez, cívico de El Alto, pidió al Gobierno que emita una orden de arraigo contra otras ex autoridades para evitar que salgan del país y respondan ante la Justicia. También piden incluir a autoridades salientes y anotar sus bienes.

La masacres de Sacaba y Senkata ocurrió luego del Golpe de Estado y la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019
La masacres de Sacaba y Senkata ocurrió luego del Golpe de Estado y la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019

Sobre la denuncia contra Áñez y los ex ministros por estos hechos, Andrés Flores, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y quien lideró la iniciativa de procesar a las exautoridades, indicó que la decisión de la Fiscalía se dio debido a que no se especificaron los domicilios de los sindicados.

“El Fiscal General nos pidió el domicilio, no se han dado los plazos; lamentablemente, no hemos podido cumplir. Tal vez en su debido tiempo, pero nos han rechazado”, detalló Flores, según la red Erbol.

Hasta la fecha son al menos 11 ex autoridades del Órgano Ejecutivo del Gobierno transitorio que tienen acusaciones por distintos hechos y que fueron llevados a la justicia de manera gradual. Además del proceso contra Áñez por el supuesto ‘golpe de Estado’, también se incluye en esto a los ex ministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, que se encuentran recluidos preventivamente.