Tucumán es la única provincia del país que aún no adhirió a la “Ley Micaela”, la norma que busca capacitar y generar herramientas en materia de género para luchar contra la discriminación de las mujeres en los tres poderes públicos del Estado.

Mientras un nutrido grupo de organizaciones y colectivos impulsan el debate para que la legislatura provincial sancione la ley, tres legisladores presentaron un proyecto manifestando su rechazo con el argumento de que la norma “empodera a la mujer como una suerte de Gestapo ideológica”.

Entre los firmantes de la retrograda iniciativa, además del hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, se encuentra la de los legisladores del macrismo Walter Berarducci y Nadina Pecci. El argumento de los legisladores va incluso más allá. “Se evidencia que en realidad, la verdadera intención no es la lucha contra la violencia de género, sino la de imponer por la ventana una visión ideologizada y confrontativa, utilizando para ello una tragedia social” sostienen.

Acorde a una nota publicada en Página 12, los parlamentarios fundamentaron sus dichos por escrito en la iniciativa al destacar que la norma no es necesaria, sino que además atacaron al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta que “tiene la potestad de marcar contenidos conforme a su ideología que luego serán impartidos a los agentes públicos provinciales, bajo pena de sanciones y escraches en páginas gubernamentales, los contenidos, metodologías y sanciones de la ley son abiertamente contratarías a nuestra Constitución. Este ministerio tiene una orientación ideológica ULTRA FEMINISTA Y ABIERTAMENTE ABORTISTA (las mayúsculas están en el texto original)”, dicen los legisladores.

Paralelamente, más de 200 organizaciones de mujeres, estudiantiles, políticas, Lgbtiq+, organismos de Derechos Humanos y familiares victimas de femicidios, presentaron esta mañana el petitorio para que la Legislatura de Tucumán adhiera “sin modificaciones”, ni más “demoras” a Ley Micaela.