Un nuevo escándalo de espionaje que involucra al gobierno de Mauricio Macri salió a la luz este lunes. La causa que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, incluye una pesquisa sobre presuntos seguimientos a dirigentes, organizaciones y personalidades de casi todos los ámbitos de primerísima línea. Según detalló Página 12, la lista tendría a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Todo comenzó a partir de un escrito anónimo entregado en el juzgado de Villena el 11 de diciembre de 2018, vinculado al caso de un narco que habría sido reclutado por la AFI macrista, que tuvo en su conducción a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Hoy, tras la revelación de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, todo indica que se estaría ante una posible organización criminal, enquistada dentro del propio Estado Nacional.

El día que Mauricio Macri tomó juramento al titular de la AFI, Gustavo Arribas

Allí se mencionaba a Sergio Rodríguez, alias “Verdura” o “Tomate”, como uno de los hombres fuertes de una banda dedicada a la venta de drogas en Almirante Brown y Monte Grande. A partir de la investigación, la Justicia pudo determinar que se trataba del líder de una importante organización.

Luego de una serie de operativos y allanamientos, varios de los integrantes de la banda de "Verdura" terminaron detenidos, y a pesar de que la banda quedó desbaratada, Rodríguez logró mantenerse prófugo y evitar su detención con escenas verdaderamente cinematográficas.

En tres ocasiones se escapó de procedimientos realizados para detenerlo. El primero fue en su casa de Monte Grande, cuando escapó por los techos del fondo. Luego, fue sorprendido en una camioneta 4x4 y huyó por caminos de tierra dejando detrás al personal policial. Y, por último, evadió un procedimiento con participación de fuerzas especiales de policía federal, donde Verdura escapó a los tiros por un salvoconducto que --luego se comprobó-- tenía preparado y ensayado, ya que su vivienda estaba ubicada en una calle sin salida, pero con un pasadizo de escape hacia otra manzana del barrio.

Finalmente, acorralado y con casi toda su familia detenida, Rodríguez decidió entregarse el 20 de febrero de este año. Declaró, y de la investigación surgió que el hombre estaba inmerso en el mundo del delito, mucho más allá de la venta de estupefacientes. Según se logró determinar, hasta estaba planificando un potencial atentado contra el propio juez Villena. En su poder tenía cinco fotografías del magistrado que había ordenado detenerlo.

En su declaración, "Verdura" contó que buscando expandir su negocio de venta de droga en Lanús, conoció a un abogado que mantenía relaciones con “barras” de un reconocido club de fútbol, quien le habría manifestado que pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y según sus dichos “ese organismo de inteligencia podía darle cobertura e incluso le conseguiría una credencial de esa institución para que pudiera manejarse 'con libertad'”.

Ahí entra en juego otro evento que tiene bajo la lupa el accionar de la anterior dirección de la AFI. Porque ese abogado le habría dicho a Rodríguez que necesitaba que lleve un “paquete” y lo “deje en un lugar”. Y fue ese mismo abogado quien interrogó a Rodríguez respecto de si se encontraba en condiciones de asesinar a alguien por encargo.

Rodríguez confesó que efectivamente llevó este paquete hasta la puerta de un edificio sobre la Avenida Callao y que al verlo se dio cuenta que se trataba de una bomba, pero que la persona que lo llevó hasta allí le dijo que se quedara tranquilo, que no podía explotar porque “la intención era darle “un susto” a alguien”. Contó que lo llevaron en un Peugeot 207 blanco. Que se bajó, dejó el paquete y se retiró de la escena. 

El hecho, ocurrido en julio de 2018, fue el ataque intimidatorio a José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa. El caso es investigado por la justicia federal de Comodoro Py, donde está en manos del juez Sebastián Ramos y el fiscal Guillermo Marijuán. En tanto que Vila realizó fuertes declaraciones esta semana en la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Con los datos aportados por Rodríguez se abrió una línea de investigación sobre el abogado y se logró determinar: en primer lugar, “que efectivamente se trataba de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia; en segundo lugar, que contaba con un Peugeot 208 color blanco (muy similar al modelo 207) y que tenía contactos con barras bravas de clubes de fútbol”, especificaron fuentes judiciales.

A partir de eso se empezó a realizar tareas de seguimiento del abogado por parte de la justicia. Pero el abogado, por alguna filtración, tomó conocimiento de la investigación e interpuso una acción de hábeas corpus en un Juzgado Nacional de la Capital Federal. “Ante la urgencia y el riesgo serio e inminente de pérdida de prueba valiosa para la investigación se ordenó el registro de los domicilios del investigado. Así, se secuestró su teléfono celular”.

Según informó Perfil, de allí surgieron conversaciones donde daba cuenta de haber practicado tareas de espionaje interno a distintas personas y organizaciones. También se descubrió un documento nombrado como “sustooo.doc” que contenía una descripción objetiva del  operativo que rodeó el atentado con detalles del artefacto explosivo mencionado por Rodríguez.

En concreto, la causa que cursa en el juzgado de Lomas de Zamora está actualmente en secreto de sumario. El giro de la causa que comenzó una investigación más de narcotráfico, sumó  gran cantidad de material probatorio y podría terminar en la revelación de una compleja asociación ilícita dedicada a maniobras de espionaje ilegal orquestadas desde el corazón del gobierno macrista.