(por Andrés Fidanza) El mini-golpe palaciego a Ricardo Lorenzetti derivó en una Corte Suprema partida y cargada de riesgos para el macrismo. El gobierno logró la mitad del objetivo que se había propuesto cuando se apuró en sumar (al principio por la ventana) a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como supremos. El plan oficial era diluir el poder de Lorenzetti, al que le desconfiaron desde el arranque del ciclo cambiemita. Y a su vez quería armar una suerte de nuevo statu-quo oficialista alrededor de Rosenkrantz. El nuevo jefe de los supremos es un abogado que hasta el 2016 representaba a las empresas más poderosas de la Argentina: Clarín, Farmacity, La Rural, McDonald’s, YPF, América TV, Claro y siguen las firmas. Recibido con honores en la UBA, doctorado en Yale y con un somero pasado alfonsinista en los ochenta, Rosenkrantz es la esperanza blanca de un país ordenado y corporativo.

Pero “Loro”, quien llevaba más de una década en la presidencia de la Corte, no se entregó dócilmente al esquema pretendido tanto por el gobierno como por Rosenkrantz. El peronista Rosatti tampoco: con agenda y ambiciones propias, el ex ministro de Néstor Kirchner no se muestra muy interesado en pasar al historia como el mariscal jurídico del ajuste. Sólo Elena Highton de Nolasco quedó pegada a la línea de Rosenkrantz, en una suerte de minoría automática en favor del macrismo. Así, la transición se está volviendo mucho más friccionada de lo que esperaba el oficialismo. Otra vez, al igual que en la performance económica de Cambiemos.

La soledad de Rosenkrantz quedó metaforizada en el incómodo almuerzo que compartió con Mauricio Macri, Marcos Peña y el ministro Germán Garavano. Si bien el ex rector de la Universidad de San Andrés pretendía que los cinco jueces aceptaran la invitación presidencial, Lorenzetti, Rosatti y Juan Carlos Maqueda se negaron. Con una serie de causas sensibles para el gobierno en las manos, al trío “peronista” le resultaba un desatino mostrarse sonrientes junto a Macri y sus ministros en Casa Rosada.

La Corte está a punto de fallar sobre la forma de calcular las jubilaciones (podría beneficiar a 150 mil personas), el desembarco bonaerense de Farmacity y el beneficio del 2x1 para los represores. El reclamo del jubilado Lucio Blanco ya pasó por todas las vocalías. Pero quedó trabada en la de Rosenkrantz, quien por ahora se resiste en minoría. La posibilidad de manejar los tiempos de las sentencias es la mayor ventaja de presidir la Corte. Ya van al menos dos reuniones de Corte en las que Rosenkrantz se limita a hacer tiempo, frente a la postura firme (y favorable al jubilado Blanco) del trío disidente.

Durante el almuerzo del martes pasado, se difundió un fallo de la Corte adverso al macrismo: con voto de los peronistas, abstención de Rosenkrantz y oposición de Highton, los supremos ordenaron que Nación le devuelva millones de pesos de coparticipación a La Pampa.

En adelante, el riesgo para el macrismo es que se repita ese 3 a 2, en casos de interés oficial. Cerca de Macri lo relativizan; denuncian la influencia residual de Lorenzetti y contraatacan con la ayuda de una espada de Damocles: Elisa Carrió. Además de haberlo acusado por mal desempeño, la diputada pidió que la Auditoría General de la Nación revise el manejo de las cuentas durante la gestión de Lorenzetti. Le apuntó al contador Daniel Marchi, puesto por el juez santafesino en 2008 como secretario de Administración en la Corte.

Rosenkrantz también puso la lupa sobre Marchi: quiso reemplazarlo, pero no lo consiguió. Tampoco logró aplicar una idea que tenía su equipo para comunicar las sentencias: que los jueces anticiparan sus votos para armar las gacetillas de prensa. Se impuso la desconfianza por posibles filtraciones, y la propuesta del ex abogado del Grupo Clarín se cayó.

Sin consensuarlo con los otros ministros de la Corte, Rosenkrantz delegó en Highton de Nolasco el reparto de vacaciones y licencias entre jueces, funcionarios y empleados. Se trata de una atribución relevante dentro de la familia judicial. Según comenta un camarista, la jueza de 75 años a su vez delegó informalmente esa facultad en su hija “Elenita”, la secretaria de Relaciones de Consumo de la Corte.

En sus últimos años como ministra de la Corte, Elenita se convirtió en el talón de Aquiles de Highton. Creada por los propios supremos en diciembre de 2015, la Secretaría de Relaciones de Consumo suele encabezar el ránking de baja producción. Existen 11 secretarías temáticas dependientes de la Corte: cada una se dedica a estudiar los expedientes que llegan al máximo tribunal, aportando una suerte de insumo básico para que después resuelvan los jueces.

Antes de ser ascendida, durante casi diez años fue secretaria letrada de la vocalía de Ricardo Lorenzetti. Dentro de Tribunales, ocupó la que era la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte, creada y dirigida por Carmen Argibay hasta su muerte. Su cargo es equiparable en jerarquía y sueldo al de un camarista.

Su nombramiento fue firmado a fines de 2015 por Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt. Esa decisión les valió una denuncia penal. Citando el decreto ley que prohibe a los jueces nombrar parientes directos como secretarios o prosecretarios, un abogado les hizo una demanda a los jueces, Elenita incluida. Pero el incombustible Claudio Bonadío la cerró.

Sobre el fallo pendiente del caso Farmacity, el jueves pasado empezaron las audiencias públicas ante los supremos. En la demanda de esa cadena contra la provincia de Buenos Aires, Farmacity señala la inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que excluye a las sociedades anónimas de la lista de titulares posibles. Desde 2012, sin embargo, el planteo fue desestimado en primera instancia, por la cámara y por la Corte provincial. Fundada por el ex vicejefe de gabinete Mario Quintana, Farmacity estaba patrocinada por el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados. Por esa cercanía, Rosenkrantz se excusó de intervenir.

Pero uno de los amicus elegidos por la Corte le resultó familiar. Se trata del abogado Lucas Grosman, actual rector de la Universidad de San Andrés. Rosenkrantz había desempeñado ese mismo cargo en la UdeSA, hasta que Mauricio Macri lo eligió al inicio de su mandato.

“En función de mis conocimientos de derecho constitucional y de defensa de la competencia, Farmacity me contactó para que diera mi opinión en la presente causa. Mi actuación será remunerada con independencia del resultado del pleito; tal remuneración de ningún modo condiciona la opinión aquí vertida, en la que creo firmemente”, declara Grosman en su presentación como amicus ante la Corte.

El detalle revelado por Grosman es una obligación de quien se postule como amigo del tribunal en una causa. Así lo resolvió la Corte en una acordada de abril de 2013, poco antes de que fallara sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios. En esa misma puja judicial, Grosman había sido uno de los amicus elegidos por los supremos, en favor del Grupo Clarín. El multimedios a su vez fue uno de los clientes del estudio de Rosenkrantz.

Por sus antecedentes y ascenso promovido por el macrismo, el presidente de la Corte es visto de reojo por el trío peronista. Le reprochan su oficialismo, ideología positivista y aires soberbios. Con Lorenzetti, la tirria es directamente explícita y personal. Cerca del ex presidente de los supremos, lo comparan con dos jueces que integraron la mayoría automática menemista: Julio Nazareno y Rodolfo Barra. El paralelo es excesivo: Rosenkrantz cuenta con un CV mucho más rico y voluminoso que el de sus dos antecesores. Y otra cosa: la falta de cintura política lo deja en una situación de mayor fragilidad. La incertidumbre electoral sobre 2019 le agrega volatilidad a su liderazgo. Rosatti, entre otros, cuenta con eso.