Durante la Jura de Ministros del gobierno bonaerense, que se realizó la semana pasada en la ciudad de La Plata, una centena de personas, la mayoría familiares de personas privadas de su libertar, se acercaron para manifestar por las condiciones inhumanas que se encuentran las cárceles en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, en el mismo día de asunción del gobernador Axel Kicillof, más de 10 mil internos e internas de penales se encontraban en huelga de hambre para denunciar el estado calamitoso de sus condiciones de vida intramuros.

Ante la crítica situación, el gobierno de Axel Kicillof decidió crear por decreto una mesa de diálogo con la presencia de los diferentes poderes del Estado, organismos de DDHH como la Comisión Provincial por la Memoria que viene denunciando la situación en cárceles, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia para generar propuestas para resolver las urgencias.

Además, el Ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, confirmó que se prorrogará la emergencia penitenciaria decretada por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Según los datos que maneja el Ministerio de Justicia, la superpoblación carcelaria es alarmante. El sistema penitenciario provincial tiene una capacidad de alojamiento para 23 mil personas, pero en la actualidad hay 49 mil internos e internas en penales y cuatro mil en comisarías.

Además, según los informes de organismos de Derechos Humanos y Casación Bonaerense, existe una “crisis humanitaria” con faltan de “alimentos” y “medicamentos. Por otra parte, durante la gestión del ex Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, sucedieron dos masacres en comisarías, en Pergamino y en Esteban Echeverría, donde murieron personas privadas de su libertad sin una sentencia definitiva. En el caso de la Comisaría de Esteban Echeverría, La Justicia había clausurado en reiteradas ocasiones dicha dependencia por no cumplir con las “condiciones de seguridad” y por alojar mayor cantidad de presos de la capacidad permitida.