La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso una moratoria para deudas vencidas durante 2020 de los impuestos Inmobiliario, Automotores y Embarcaciones Deportivas, que beneficiará a más de tres millones de contribuyentes bonaerenses.

De acuerdo con la Resolución 16 publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, la moratoria ARBA 2021 incluye beneficios extraordinarios para todos los sectores en el marco de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, el director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, explicó en redes sociales que "desde el próximo lunes 14, las y los contribuyentes que el año pasado no pudieron pagar el inmobiliario (en todas sus plantas, tanto Básico como Complementario) o la patente podrán regularizar sus deudas".

"Esta moratoria forma parte del conjunto de medidas extraordinarias que dispuso el gobernador Axel Kicillof para auxiliar y acompañar a lxs bonaerenses desde el inicio de la pandemia", subrayó, y explicó que los contribuyentes podrán adherirse directamente desde www.arba.gov.ar.

En ese marco, Girard sostuvo que "los beneficios están segmentados en función de la capacidad de pago de los hogares y empresas, con mayores quitas y facilidades para quienes fueron más perjudicadas por el contexto de pandemia".

Además, se precisó que la moratoria ARBA 2021 beneficiará a más de tres millones de familias y empresas bonaerenses, mediante un esquema progresivo de condonaciones, que prevé hasta un 100% de quita en intereses y multas para quienes sufrieron las peores consecuencias de la pandemia.

El programa de regularización de deudas estará abierto entre el 14 de junio y el 19 de diciembre de 2021, y abarcará deudas de tributos patrimoniales vencidas o devengadas el año pasado, que se encuentren en instancia prejudicial, así como sus intereses y multas.

Las y los contribuyentes podrán suscribirse directamente por internet, ingresando a arba.gob.ar, y tendrán la opción de regularizar su deuda en hasta 24 cuotas.

Los beneficios estarán segmentados en función de la capacidad de pago de las familias y empresas, priorizando las mayores quitas y facilidades para quienes fueron más perjudicadas por el contexto de pandemia.