Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto que prevé la prohibición a las empresas de servicios públicos cambios en su control societario sin que haya una autorización previa de la autoridad de aplicación para cada concesión.  

En ese sentido, la norma aclara que “el adquirente de control deberá acreditar fehacientemente y en forma previa la idoneidad para la prestación del servicio que se pretende brindar”. Es decir, que tenga antecedentes en el sector y presenten un plan de inversión a largo plazo para evitar posiciones “especuladoras” que buscan ganancias en el corto plazo.

El argumento central está puesto en que estas firmas, que suelen lucrar con el mercado de deudas y los litigios, no están calificadas para ejercer el control de empresas de servicios eléctricos, de agua, gas o telefonía.

En ese sentido, el contexto de pandemia refuerza la propuesta y es impulsada en medio del reclamo de los intendentes del Conurbano Sur contra la distribuidora eléctrica, Edesur, por los reiterados cortes de luz y la falta de inversiones para mejorar el servicio.

Los autores de la iniciativa explicaron que “teniendo en cuenta las especiales circunstancias que atraviesa nuestro país, es de especial importancia que el control de las empresas prestadoras de servicios públicos no pase a manos de sociedades o instrumentos financieros ajenos a la actividad y solo interesados en una rentabilidad de corto plazo”.

En los fundamentos, el proyecto destaca que “los servicios públicos son activos estratégicos que merecen una protección especial, dado que el interés de los fondos de inversión es obtener el máximo rendimiento financiero independientemente de las condiciones particulares que pueda presentar la industria en la que invierten”.

“En ningún caso, se autorizará la adquisición de control societario, directo o indirecto, de empresas concesionarias de servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires por parte de fondos de inversión, sea en forma individual o conjunta con otros fondos”, detalla el artículo 3 de la propuesta, que presentó el Frente de Todos y que lleva la firma de seis diputados: Pablo Garate, Valeria Arata, Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman, Micaela Morán y Nicolás Russo.