Con los votos de los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios aprobó el pedido de destitución del juez de Garantías Luis Carzoglio.

El magistrado saltó a la agenda pública cuando rechazó la detención de Pablo Moyano y denunció públicamente presiones por parte del Jefe de Fiscales de la gobernadora Vidal, Julio Conte Grand, quien filtró datos sobre su persona a medios nacionales, como Clarín y La Nación.   

El dictamen fue rechazado por el diputado de Unidad Ciudadana, Carlos “Cuto” Moreno, su par de PJ – Unidad y Renovación, Jorge Otermín y el senador Sergio Berni.

La Comisión aprobó las acusaciones por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público, incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, irregularidades en los procedimientos a su cargo, realización de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone y parcialidad manifiesta. Una de las acusaciones la impulsa el justamente el titular de la Procuración, Conte Grand.

A partir de ahora, el magistrado tiene un período para preparar su defensa y luego será el turno del Jury, encabezado por el titular la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Pettigiani, para decidir en unos 15 días la apertura del Jury.

No es la primera vez que el oficialismo avanza sobre aquellos jueces incómodos para su plan de ajuste. En agosto del año pasado, Cambiemos avanzó en la destitución del Juez Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Arias, un magistrado que falló en contra de los aumentos de tarifas del gobierno y a favor de los derechos a huelga de los trabajadores.

En ese entonces, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación Judicial Bonaerense repudió la destitución. “El proceso duró apenas 10 días y estuvo marcado por profundas inconsistencias en las acusaciones y ausencia de pruebas” sostuvieron y denunciaron que “la destitución es un mensaje y se inscribe en una preocupante estrategia de disciplinamiento político que constituye un duro golpe a la independencia judicial”.