El Jurado de Enjuiciamiento resolvió con los votos de los legisladores de ambas fuerzas no abrir el jury contra el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello. La Comisión Provincial por la Memoria denunció un “pacto político”.

Con los votos de los legisladores de Cambiemos, Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli, y los del Frente Renovador (UNA), Hernán Albisu y Lisandro Bonelli, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense decidió archivar el juicio político contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. En igual sentido se pronunciaron los abogados Alicia Cristina Racig (San Isidro) y Horacio Enrique Hernández (San Martín).

Para fundamentar la resolución, afirmaron que no fueron notificados por la Jueza Sandra Arroyo Salgado de haber imputado a Fernández Garello por algún delito, desconociendo el llamado a prestar declaración indagatoria para el próximo 13 de diciembre.

Los conjueces abogados Leandro Adolfo Matilla y Eduardo Carlos Zimmermann votaron en minoría manifestando que “los elementos obrantes en la causa sí cumplimentan los requisitos del art. 26 de la Ley de Enjuiciamiento y que, por lo tanto, debía darse inicio al sumario”.

“La decisión cierra la posibilidad de investigar la actuación de un funcionario judicial que fue parte de la maquinaria del terrorismo de estado como ‘espía’ de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense y da lugar a un pacto político de impunidad entre los bloques políticos de Cambiemos y UNA. Ni siquiera consideraron que fuera necesario investigar las graves acusaciones contra Fernández Garello”, lamentaron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

El organismo de derechos humanos también apuntó contra la Suprema Corte y la Procuración General de la Provincia por no adoptar medidas para el apartamiento del fiscal general marplatense.

“Esta decisión formalista y regresiva atenta contra los principios republicanos de transparencia y democratización de la justicia, y da cuenta de una escasa voluntad política de transformación de las instituciones y de lucha contra las mafias enquistadas en las instituciones políticas y judiciales”, concluyó la CPM.