En medio de las vacaciones veraniegas y sin ninguna discusión con el conjunto de la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires, el director general de Cultura y Educación bonaerense anunció que las escuelas públicas bajo su jurisdicción serán “un lugar sagrado”, lo que significa borrar de un plumazo cualquier posibilidad de debate político.

En una resolución firmada el 16 de enero pasado, el funcionario provincial Alejandro Finocchiaro dispuso que “en ningún caso podrán autorizarse actividades en las que se traten, de manera directa o indirecta, asuntos de carácter político partidario o se utilicen símbolos de partidos políticos”, los días en que no haya clases, durante los feriados o los recesos escolares.

Tras conocer la medida, referentes de diversos sectores advirtieron que se trata de una acción antidemocrática que viola diversas leyes provinciales y nacionales, entre ellas la que promueve y garantiza el pleno ejercicio de los Centros de Estudiantes, así como la propia Constitución y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.

La medida adoptada se enmarca dentro de la normativa  que dispone el empleo de la sede escolar fuera del horario de clases, como así también durante los feriados y días inhábiles para la realización de actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y solidarias.

Del mismo modo, la resolución establece que no podrán realizarse actividades con connotaciones raciales o que afecten los principios y fines establecidos por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco se permitirá el expendio de bebidas alcohólicas, tabaco y la realización de juegos de azar, según dispone expresamente la reglamentación.

En tanto, Finocchiaro aclaró que “esta resolución se suma a otras políticas de Gobierno que tienden a recuperar la normalidad de roles y responsabilidades dentro de las instituciones” y asegura que la resolución integra una serie de medidas tendientes a la” normalización del espacio escolar”.

En este sentido, el Código de Faltas introdujo un cambio en las “penas para quienes agredan y/o agravien a docentes”, con el objetivo de “devolver la autoridad al docente  y el acompañamiento a su investidura”. “La escuela debe volver a ser un lugar sagrado, donde toda la comunidad educativa se sienta resguardada y protegida”, aseguró el Ministro.