El ataque a la universidad pública por parte del gobierno nacional se viene acentuando en el último tiempo y pone en peligro el acceso de miles de estudiantes a la educación superior. El recorte presupuestario en las universidades, en especial en aquellas ubicadas en distritos del conurbano bonaerense, afecta el funcionamiento diario de las distintas casas de estudios, que no pueden hacer frente al pago de sueldos de los docentes y gastos básicos.   

En este contexto, los distintos sectores de la comunidad educativa convocaron a un abrazo solidario en la puerta del edificio de la UNAJ, ubicado en Avenida Calchaquí al 6200, donde concurren más de 20 mil estudiantes. La jornada en defensa de la universidad pública será el próximo 11 de agosto a las 11 horas.

A principio de julio, el Consejo superior de la UNAJ decidió declararse en “sesión permanente” por el recorte presupuestario en las universidades. “A partir de noviembre no está asegurado el pago de sueldos, la dinámica del segundo cuatrimestre puede verse seriamente afectada. A menos que se corrija esta situación, el funcionamiento de nuestra Casa de estudios puede tener una crisis importante” señalaron en un comunicado.

Con la llegada del Fondo Monetario Internacional al país, el panorama para la educación pública se torna más crítico. Una de las medidas de ajuste acordadas entre el FMI y el gobierno de Mauricio Macri fue avanzar en la eliminación de los convenios con las universidades públicas.

Por medio del decreto 632/2018 firmado por el presidente, el Ministro de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Modernización Andrés Ibarra, la medida implica un recorte en todas las áreas educativas con el congelamiento de vacantes y la posibilidad de contratar nuevo personal docente. Además, se dejará de brindar asistencia técnica para universidades nacionales y provinciales.

Esta norma, que estará vigente hasta el final del mandato de Macri, también afecta las becas estudiantiles y programas especiales educativos. De esta forma, se profundiza el vaciamiento financiero que las distintas universidades vienen denunciando con la subejecución del presupuesto, donde el Estado nacional le debe 4 mil millones de pesos a todo el sistema universitario.