Así lo aseguró la senadora bonaerense kirchnerista María Teresa García, quien denunció a la gobernadora María Eugenia Vidal en la Justicia por el escándalo de los aportantes truchos. 

"Pedí que se investigue la posible comisión del delito de usurpación de identidad, falseamiento de documento público y lavado de activos. En ese caso pedí que se investigue el origen de plata a la campaña del PRO", describió la legisladora. 

En diálogo con el portal AGENCIA PACO URONDO, García agregó: "Esta semana viajo a Tandil para reunirme con gente que aparece aportando y no lo hizo. La investigación de (periodista Juan) Amorín consignó 40 millones pero no lo sabemos. No tiene límites. Ahora aparecen otras líneas ligado a esto. Hoy leía que se está mirando a (la senadora nacional macrista) Gladys González porque se sospecha que se pudo desviar plata del SOMU, donde ella fue interventora, a la campaña electoral. De cualquier modo, mi denuncia se reduce al año 2017", describió. 

Además, explicó cuál fue el rol de Vidal en toda la trama: "Hago la línea de tiempo para que se entienda. En el año 2015, el PRO bonaerense estaba intervenido. La interventora era María Fernanda Inza, la contadora que luego echaron. La responsable financiera de la campaña de 2015 fue la tía abuela de Inza, que tenía 84 años", ironizó. 

Y agregó: "El partido estaba intervenido porque no tenía la cantidad necesaria de afiliados para presentarse como partido. En 2016, lo regularizan y en 2017 asume Vidal como máxima autoridad del partido". En ese marco, García agregó que "la ley dice con claridad que serán las autoridades del partido las sancionadas cuando no puedan dar cuenta del origen de los fondos".

Por último, comparó el caso argentino con el español: "El corazón del caso es éste: no poder dar cuenta de los aportes de campaña. Le costó a Rajoy la presidencia y también a todas las autoridades del Partido Popular, que fueron inhabilitados", cerró.