Se trata del secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, quien exigió que se respeten las decisiones de los organismos internacionales y por ende que se libere a la dirigente de la Tupac Amaru.

La persona que se encuentra al frente de la Secretaría de  Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, admitió que Milagro Sala debería ser liberada tras resolución emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reclama su "libertad inmediata", ya que, según considera, su arresto es arbitrario.

“Desde hace casi tres décadas que planteo que las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos deben ser cumplidas", expresó el funcionario que, de todos modos, reconoce que "hay otras opiniones" dentro del oficialismo.

En ese sentido, Cantón, hombre de gran llegada a la gobernadora María Eugenia Vidal, se diferenció de las autoridades nacionales y remarcó en declaraciones al diario Página|12 que "las visitas de los organismos internacionales deben estar principalmente orientadas a buscar mecanismos para que se cumpla con las decisiones”.

La distancia tomada por el funcionario provincial ante la tibia respuesta del resto de la esfera oficialista luego de la intervención de la ONU se dio en el marco de una semana plagada de novedades en torno a Sala, como la visita de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al Penal de Mujeres de Alto Comedero donde la líder de la Tupac Amaru está presa y tras la liberación del marido de Sala, Raúl Noro, que había sido detenido el 14 de julio imputado por asociación ilícita.

Sala se encuentra privada de su libertad desde enero por, presuntamente, infringir del artículo 113 y 7 de la ley 5860, sobre espacio público y alteración del orden, tras un acampe frente a la gobernación jujeña en protesta contra la gestión del radical Gerardo Morales, histórico rival político de la líder social.

A pesar de la tibia respuesta expresada por las autoridades nacionales, se espera su liberación en las próximas horas, a causa de las presiones ejercidas por la comunidad internacional que se está haciendo eco de los reclamos emitidos no solo por la ONU, sino también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y el CELS, entre otros organismos que bregan por los Derechos Humanos que consideran que la detención de la dirigente se debe a causas y presiones políticas.