La responsabilidad por la "liberación de presos", por el motivo que fuere, es una responsabilidad de la Justicia, no de la política (excepto en los casos de indultos presidenciales). En ese sentido, en el caso de la provincia de Buenos Aires, uno tiene que mirar al Procurador General que es el responsable de instruir a fiscales y defensores oficiales. En el caso de la provincia más poblada del país, se trata de Julio Conte Grand, hombre de extrema confianza de Vidal. 

En ese sentido, vale destacar la Resolución 158/20 de la Procuración General de la Suprema Corte, en manos de Conte Grand desde el gobierno de María Eugenia Vidal,  en la que da cuenta de que el 16 de marzo del año pasado se instruyó a los defensores oficiales a que dispongan la prisión domiciliaria y la morigeración de la prisión preventiva para "los privados de la libertad que, de acuerdo con los criterios epidemiológicos vigentes, requieran una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid-19".

Vale consignar además que Conte Grand llegó a la procuración bonaerense de la mano de la ex gobernadora. De hecho, antes fue su secretario Legal y Técnico. El macrismo es así: tiene un discurso sobre la división de poderes pero suele poner a funcionarios propios en lugares clave de la Justicia.