A seis meses de la gestión del PRO en la provincia de Buenos Aires, la crisis sanitaria aún sigue sin poder encauzarse en la provincia de Buenos Aires.

Tras meses de conflictos salariales debido a la falta de acuerdo entre el gobierno y los trabajadores de la salud, por la licuación del salario producto de la devaluación, la crisis en los hospitales bonaerenses se profundizó en un corto período.

El primer frente de batalla que se le abrió a la gobernadora, fue con el Colegio de Médicos de la provincia, que denunció la falta de respuestas de parte del gobierno antes los reiterados pedidos de respuesta por la falta de insumos en los hospitales públicos.

"Al principio de la gestión tuvimos una reunión, pero no con la ministra sino con parte del equipo, pero como no se materializó nada de lo que hablamos en esa oportunidad le pedimos una audiencia a la gobernadora, que reiteramos un mes después aún sin ninguna respuesta", relató Mazzone, el titular del colegio de médicos.

Por otra parte, Mazzone, se refirió al estado actual de los profesionales de la salud: “hoy estamos en un coctel nefasto, muy mal pagos, en un ámbito de inseguridad y violencia, lo que hace que día a día se esté matando la vocación médica y así no se puede sostener la salud pública en la provincia".

En el mismo sentido, el colegio médico detalló graves problemas edilicios, las malas condiciones del sector sanitario; las retribuciones salariales de los médicos en los Hospitales Públicos y Unidades Sanitarias; la falta de insumos y recursos humanos en el área de salud; los reiterados hechos de violencia contra los profesionales, entre otros.

En un comunicado público firmado por un amplio sector de profesionales de la salud, destacaron que “mientras las nuevas autoridades del ministerio de Salud siguen señalando la `pesada herencia´ que recibieron de la gestión anterior, las autoridades de nuestro colegio volvieron a reclamarles que posterguen las soluciones y cumplan con las promesas pre-electorales donde jerarquizaban la salud de la población como un pilar fundamental del estado”.

Entre los puntos que destacan como conflictivos uno de los principales que denuncian tienen que ver con “las pésimas retribuciones salariales de los médicos en los hospitales públicos y unidades sanitarias”.

Según ellos mismos denuncian esta realidad “esta atentando directamente contra la calidad del sistema público de salud. Y es que con 12 mil pesos para un médico ingresante y que no llegan a los 20 mil para un jefe de servicio con treinta años de antigüedad, las nuevas generaciones de profesionales tienden a buscar empleo en el sector privado o en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, donde ganan mucho mejor”.

En dicha publicación, los referentes del sector manifiestan que “mientras la CICOP y AMRA reclama un incremento salarial del 40% y la oferta del gobierno bonaerense para el primer semestre no supera el 16”. En ese contexto, el presidente del Colegio de Médicos, Jorge Mazzone, sostiene que “ya no se puede seguir discutiendo porcentajes de aumento sobre la base de una miseria”. “Lo que tenemos que discutir es cuál debe ser el sueldo básico del médico de un hospital; y ese valor debería ser similar al que ganan los hospitales porteños: no menos de 35 mil”.

La violencia

Asimismo, otra área sensible que denuncian los profesionales de la salud refiere a los insultos, amenazas, golpes y ataques que los médicos de los hospitales sufren de manera cada vez más reciente. Sin embargo, tras plantear el tema innumerables veces ante las autoridades sanitarias de la Provincia y no conseguir respuestas, el Colegio de Médicos decidió impulsar un proyecto de Ley para que estas acciones no queden impunes.

La iniciativa, que lleva la firma del diputado radical, Diego Rovella, plantea puntualmente modificar algunos artículos e incisos del Código de Procedimiento Penal a fin de “restringir la impunidad de la que gozan quienes agreden hoy a funcionarios públicos en actividad, como son los médicos que trabajan en un hospital”.

El proyecto, que de aprobarse haría que las agresiones a médicos en función no sean excarcelables, vienen a responder un reclamo para que se adopten medidas de fondo que protejan el trabajo de los profesionales de la salud.

“Hemos tenido infinidad de reuniones por este tema con las autoridades del Ministerio y hasta ahora sólo han adoptado medidas cosméticas como botones antipánico, cámaras de seguridad y personal uniformado. Nada de eso ha impedido que nuestros colegas sigan siendo golpeados y amenazados” señalan desde el Consejo Directivo del Colegio.

“Aunque las agresiones que sufren los médicos es claramente otra expresión de la violencia social, no deja de estar ligada a una realidad del sistema de salud. La escasez de recursos humanos, la falta de materiales, el deterioro edilicio y los problemas de organización llevan a que con frecuencia se produzcan deficiencias en la atención que derivan a su vez en reacciones violentas por parte de familiares y pacientes. Y esa violencia por las fallas en el sistema se descarga siempre sobre los que están al frente, los médicos, que no somos menos que víctimas de él”.

Falta de personal

Además, el dirigente se refirió a la falta de profesionales en los hospitales bonaerenses, pues “de los 300 nombramientos urgentes que se tenían en carpeta, solo se han cubierto 30 vacantes, dejando en jaque tanto al paciente, como a los demás profesionales”.

“La ley profesional que nos rige, dice que debería haber concurso de ingresos pero no se está dando”, añadió, para luego dar cuenta que cada vez que un médico renuncia o se jubila, “rápidamente se debe llamar a concurso”, para que se cubra el puesto vacante.

Otro tema que preocupa al sector médico tiene que ver con las Unidades de Pronta Atención (UPA) que se crearon en la Provincia para colaborar con el saneamiento de la situación sanitaria en el territorio bonaerense.

A principio de Junio trascendió que el UPA de Gral. Madariaga había terminado cerrando luego de que se presentase un importante conflicto por falta de pago a los empleados que allí se encontraban trabajando.