Diputados de Unidad Ciudadana presentaron esta semana un pedido de informes dirigido al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, por presuntas maniobras de inteligencia dirigidas a los familiares de la masacre de Pergamino.

“Solicitamos información referidas a una serie de episodios que pueden configurarse como graves casos de violencia institucional, exteriorizados a través de amenazas, amedrentamiento y hostigamiento”, precisa el texto firmado por el legislador Miguel Funes.

Hace unas semanas, desde la bancada ya habían presentado un proyecto denunciaba a Ritondo por persecuciones hacia amigos y familiares de los siete jóvenes que murieron asfixiados y quedamos el 2 de marzo de 2017 en la Comisaría 1ª de Pergamino, durante la marcha del segundo aniversario.

En este sentido, el pedido de informes reclama explicaciones sobre ese hecho en donde se observaron “filmaciones” e “intimidaciones” por parte de efectivos de La Bonaerense que se encontraban dentro de un móvil que seguía a los manifestantes.

El 2 de marzo de 2017, en las celdas de la Primera había 19 detenidos. Siete de ellos perdieron la vida en medio de la más terrible desesperación, los 12 restantes se salvaron casi milagrosamente y sufrieron torturas físicas y psicológicas mientras sus compañeros de calvario se asfixiaban, sin recibir el auxilio necesario por los efectivos policiales que, literalmente, dejaron que mueran asfixiados e incinerados.

Por las muertes y torturas del 2 de marzo de 2017 hay seis policías imputados. Uno de ellos, Alberto Donza, el comisario a cargo de la seccional, aunque parezca insólito, está prófugo. Uno solo está preso y los cuatro restantes esperan el juicio en libertad.

Según relatan los familiares de las víctimas, a partir del reclamo de justicia por los 7 jóvenes muertos, la policía Bonaerense mantiene una actitud de persecución y amedrentamiento en cada una de sus jornadas y actividades por el esclarecimiento de la masacre.