El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó al Senado provincial la remisión de los pliegos de designación de magistrados del Poder Judicial que impulsó su antecesora, María Eugenia Vidal, con la intención de “revisarlos”, previo al tratamiento en el recinto del senado bonaerense.

En los considerandos de su resolución, Kicillof advierte que, en algunos casos, hay que analizar “hechos objetivos sobrevinientes que pudieran cambiar el criterio fundado originalmente”, antes de cumplir con el trámite de designación.

Cabe recordar que la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, envió 42 pliegos de designaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales en septiembre del año pasado. Es decir, luego de su derrota electoral en las PASO de Agosto y en medio de un inminente cambio de gobierno.

En la resolución, el gobernador Kicillof remarcó la facultad que le otorga la legislación vigente, al titular del Ejecutivo para “formalizar” una propuesta a partir de la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, paso previo a su discusión parlamentaria.

En ese marco, el mandatario bonaerense reclamó directamente la remisión de los 42 pliegos en discusión, en un trámite que seguramente generará el rechazo de Juntos por el Cambio, quien controla la mayoría en el Senado, bajo el accionar de María Eugenia Vidal.

Según el decreto, algunas circunstancias que ocurrieron posteriormente al impulso de los pliegos por parte de la Gestión anterior, podrían “configurar circunstancias graves que, afectando a algunos candidatos propuestos, impidan la continuidad de los respectivos actos de designación, en caso de obtenerse el acuerdo del Senado”.

Uno de los pliegos más polémicos que envió en su momento la gestión de Vidal pasa por Francisco Pont Vergés, que fue propuesto por el Procurador Julio Conte Grand para integrar el Tribunal de Casación Penal. Pont Vergés tuvo una militancia activa en una ONG que encabeza el ex Ministro de Justicia de Nación, Germán Garavano.

Debido a la indefinición de los cargos, los pliegos permanecen actualmente en el Senado. En ese sentido, la decisión administrativa del Ejecutivo provincial establece que al no haberse consolidado aún las nominaciones, “ningún candidato cuenta con el derecho subjetivo” para reclamarle al Estado