En medio de un contexto económico adverso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió a la Legislatura un paquete de leyes que busca dar respuesta a la emergencia desatada por la pandemia del coronavirus.

Uno de los proyectos solicita la autorización para que la Provincia acceda a 500 millones de dólares que corresponden a líneas de financiamiento a tasas bajas que abrieron los organismos multilaterales de crédito para el financiamiento vinculado a la pandemia.

Acorde al texto de la norma, y en un contexto de fuerte caída de la recaudación de la Provincia, el endeudamiento será destinado a “proyectos y programas sociales” y también a la “compra de insumos de salud, el desarrollo de programas de alimentación y la generación y recuperación de empleo”.

El otro pedido de autorización de deuda por 20 mil millones de pesos será para “afrontar atrasos de Tesorería” que corresponde al gobierno de María Eugenia Vidal y se trata de la deuda que dejó la ex gobernadora con proveedores. En su mayoría, corresponden al área de Salud, donde es imperioso la cancelación de esa deuda para continuar con la compra de insumos para la emergencia sanitaria desatada por la pandemia.

Dentro del mismo proyecto de ley, se incluye las medidas ya dispuestas por decreto y se prorroga la emergencia en la Provincia por el Covid-19 por 180 días, la suspensión de eventos masivos y la prohibición del corte de servicios esenciales como luz y agua por falta de pago.

El paquete de medidas ingresó por la Cámara de Diputados, donde el bloque del Frente de Todos junto a aliados alcanza la mayoría para la sanción de las normas. Distinto es el escenario en la Cámara Alta. Allí, el bloque de Juntos por el Cambio domina el Senado con sus 26 bancas, por lo que el oficialismo necesita de su acompañamiento.

Esta tarde los legisladores del Frente de Todos se reunirán con representantes de la oposición para explicar los alcances del paquete de leyes y lograr un acuerdo que permita que en la doble sesión que se realizará este jueves se sanciones las leyes. 

Atento al brote de contagios en los geriátricos de la Capital Federal, el gobierno bonaerense busca evitar que se replique la situación en territorio bonaerense. En ese sentido, la segunda iniciativa que giró el Poder Ejecutivo declara la “emergencia sanitaria” en los geriátricos de gestión pública y privada de toda la provincia, que se extenderá mientras dure la emergencia general por el coronavirus.

Según los datos de la normativa, existen 977 establecimientos habilitados y 1933 sin habilitación en la provincia, y es por eso que ordena iniciar “de forma inmediata” un empadronamiento de los geriátricos para regularizar la situación y fija, además, requisitos mínimos de funcionamiento en lo que hace a capacidad ocupacional, personal, higiene, alimentación, normas de seguridad y protocolos sanitarios.

El último proyecto de ley replica el decreto nacional 319/20 y suspende las ejecuciones hipotecarias de vivienda única y de créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), así como también los desalojos. Además, crea el Consejo Asesor de Conflictos de Emergencia Habitacional que intervendrá en los procesos de desalojo que afecten a familias de barrios populares.