La resolución 246 del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del funcionario Leonardo Sarquís, habilita a fumigar aquellas los espacios a las que se le denomina llama  "zonas de amortiguamiento". Estos lugares serían cercanas a  escuelas, núcleos urbanos, y deberían excluirse de las fumigaciones. 

El principal antecedente de esta polémica y cuestionada resolución se dio en el marco de una reunión interministerial, donde los funcionarios a cargo de las carteras de Salud, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Agroindustria de la Nación, en conferencia de prensa (Adolfo Rubinstein, Lino Barañao, Sergio Bergman y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente) plantearon la implementación de las "buenas prácticas agrícolas".

En un artículo publicado redactado por Carlos Vicente en la Revista Cítrica, se explica que con estas “buenas prácticas agrícolas" está resuelto todo el problema que estos venenos generan. Lo que ellos plantean es que se lleven a cabo "capacitaciones", "convenios" con Agroindustria, y toda una parafernalia hipócrita y absurda en la que se va a gastar mucho dinero. Actualmente ya se están haciendo talleres para esto, cuando lo primero que habría que centralizar es que los agrotóxicos son venenos, son biocidas, son sustancias que enferman a la gente. Y se debería decir que es sencillamente imposible que haya "buenas prácticas agrícolas" que permitan un uso adecuado de los mismos. 

La explicación de las “buenas prácticas agrícolas” omite es que en el país donde se aplican 450 millones de litros de agrotóxicos por año (el nivel de exposición del suelo, del agua, del aire, de las nubes) en las que se comprobó que llueven pesticidas y esta situación afecta la salud de los animales, plantas y las personas: el efecto venenoso es absolutamente inevitable, asegura Vicente.

“Parte de lo ilógico que implica esta norma se refleja en que plantea que, para la aplicación de lo que ellos llaman "fitosanitarios", y que no son otra cosa que agrotóxicos, deberán considerarse "las características intrínsecas del producto a utilizar (ejemplo toxicidad y tensión de vapor), la regulación necesaria del equipo (ejemplo velocidad de avance, presión y caudal de trabajo, tamaño de gota, altura de los picos pulverizadores y tipo de boquilla) y las condiciones meteorológicas antes y durante la aplicación. Es decir que es absolutamente imposible que esto se haga cada vez que se aplica agrotóxicos -más allá de que ninguno de estos datos va a garantizar nada si se está fumigando a 100 metros de una casa”, asegura el artículo mencionado. 

Vicente además describe que en el país se utilizan más de 400 millones de litros de veneno por año, y solamente de Glifosato se están usando cerca de 250 millones de litros anuales. “Con lo cual, aquellas supuestas "medidas de seguridad" que se plantean en la resolución, no significan nada en la práctica. Esto -definitivamente- es un atropello. Habilita a que -con esta supuesta cobertura de las "buenas prácticas agrícolas"- estemos expuestos a que lleguen echándonos venenos hasta la puerta de nuestras casas”.

En una segunda parte, se "exige" -supuestamente- la "presencia del profesional interviniente que determine las previsiones a tener en cuenta al inicio y durante la aplicación, pudiendo determinar la suspensión". Esto -realmente- es un chiste. Nunca se va a lograr que haya un agrónomo presente. Por supuesto, plantean que los interesados van a tener que ir a "jornadas de actualización" de "técnicas específicas", pero en verdad es todo un maquillaje, con el fin de seguir alimentando el negocio de las corporaciones de agrotóxicos como Bayer, Monsanto, Syngenta, y todas las demás.

Esta "resolución" no va a resolver -de ninguna manera- problema alguno, y -claramente- los va a agravar, porque habilita a las transnacionales agrotóxicas para que sigan envenenando todo. Mientras tanto, las comunidades locales están peleando para que se alejen las fumigaciones. En algunos sectores se está trabajando para concientizar sobre que se lleve a cabo la producción agroecológica, sin utilizar agroquímicos, lo cual es -realmente- el futuro de la producción agropecuaria. 

El ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, no casualmente fue funcionario, empleado, y gerente de Monsanto, en el área de Semillas, y de allí pasó a trabajar a la Provincia. Obviamente está apoyando esta resolución, y alimentando en consecuencia los negocios de la empresa para la que alguna vez trabajó, y que -claramente- uno podría sospechar que sigue trabajando todavía, más aún cuando habilita una resolución de este tipo. 

Para finaliza, Vicente asegura: "Frente a este ataque a la salud y la vida, existe una férrea oposición que está llevando a cabo una campaña a la que han adherido más de 250 organizaciones, con el objetivo de que se exprese claramente el rechazo a esta decisión absurda, y que se vuelva atrás con esta resolución. Esto no es un hecho aislado, no es un error, esto es parte intrínseca de la política del Gobierno Nacional, conducido por Mauricio Macri, y de cómo las carteras de Salud, Agroindustria, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, están promoviendo estas "buenas prácticas agrícolas", que -en verdad- es una gran farsa".