A 14 días de abandonar el cargo de gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, atraviesa por uno de los escandalos de corrupción más complicados de toda su gestión. El presidente de la Corte Suprema bonaerense, Eduardo De Lázzari, la acusa a ella y al ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, por el  desvío de fondos públicos destinados a obras para el Poder Judicial.

La presentación judicial se realizó luego de que la Suprema Corte constatara que cinco obras ejecutadas por Infraestructura con fondos presupuestarios del Poder Judicial fueron abonadas con certificados de avance de obra sin que se haya colocado siquiera un ladrillo.

Además, los peritos de la Corte señalaron que “las observaciones referidas a obras complementarias son las más frecuentes y las de mayor valor, y que por sus características serían aquellas que podrían resultar pasibles de acopio”.

Pusieron como ejemplo (entre muchos otros), lo ocurrido en La Matanza, municipio gobernado por el peronismo, en donde la obra del complejo del Edificio Fuero de Familia se certificó en su totalidad por $ 11.738.945, pero no fue ejecutada.