El pedido formal tiene que ver con que el máximo tribunal posee desde agosto de 2017 los expedientes de la causa para su análisis, por lo que la solicitud de la Defensoría está relacionado a la necesidad de acelerar el proceso para que haya una definición respecto al plan original de Farmacity.

“La intención de la empresa va en contra de la ley provincial que regula a las farmacias, que sostiene que el servicio que brindan debe ser de utilidad pública. La intención de Farmacity privilegia el lucro y no el espíritu de la norma, por lo que su desembarco siguiendo esta idea es claramente ilegal”, sostuvo Lorenzino.

El planteo de la Defensoría, que acompaña la postura del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, ya cuenta con fallos de distintas instancias que ratifican la vigencia y la constitucionalidad de la ley. Por eso, el Defensor del Pueblo pidió que la Corte “defina este caso en el que está en juego el derecho a la salud de los bonaerenses”.