El proyecto fue aprobado primero en el Senado y luego recibió la sanción definitiva en Diputados durante la madrugada de este viernes. Para que la ley sea votada, el oficialismo aceptó modificaciones impulsadas por el bloque Juntos por el Cambio. Una de ellas es que dichas emergencias serán por el término de un año, con posibilidad de prórroga por un año más, cuando el texto original planteaba dos años.

El Frente de Todos también cedió con la creación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que estable que 2 mil millones de pesos, de los 67 mil millones que autoriza el endeudamiento al Ejecutivo para afrontar distintas obligaciones con acreedores, serán destinados a obras en las comunas.  

Además, a la prórroga del presupuesto 2019 que establecía el proyecto original, se incluyó una fecha de caducidad solicitada por la oposición: 15 de abril de 2020. Cabe destacar que en la votación en particular de los articulados, Juntos por el Cambio se abstuvo de aquellos que establecen las nuevas emergencias (social, productiva, económica y social). Sin embargo, el número alcanzó para la aprobación del expediente.

Otro dato importante es que se aprobó el decreto del Ejecutivo que solicita la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias. El pedido tiene que ver con el inminente envío de la Ley Impositiva 2020 que ingresaría a la Legislatura el lunes de la semana que viene para ser debatido en el recinto jueves 26 de diciembre.

Principales puntos de las Emergencias

En lo que respecta al endeudamiento, la iniciativa faculta al Ejecutivo “para llevar adelantes las gestiones necesarias para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”. Sobre este punto, el Gabinete de Kicillof resaltó que la deuda en dólares llega a 11.223 mil millones y, producto de la devaluación, se quintuplicó en pesos. “Tenemos más deuda en dólares con un plazo de vencimientos más cortos” afirmó el Jefe de Gabinete Carlos Bianco.

Otro punto relevante de la Emergencia es la autorización al gobierno de Axel Kicillof de renegociar o rescindir los contratos de obra pública, bienes y servicio debido a “la gran cantidad de obras paralizadas y demoradas” heredadas por la gestión de María Eugenia Vidal.

Con respecto a la situación productiva, la iniciativa propone la creación de un programa de Emergencia dirigido a los Pymes y pequeños y medianos productores con la implementación de un régimen de regularización de deudas por obligaciones fiscales con una serie de facilidades de pago. La condición para ingresar a dicho régimen será la mantención de su personal.

En el área social, el paquete de emergencias incluye tres áreas: Alimentaria, educativa y sanitaria. Con respecto a la primera, el poder Ejecutivo podrá articular con el Estadio Nacional las acciones necesarias de los programas que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, impulsa en el marco de la emergencia alimentaria.

En referencia a la emergencia energética se dispondrá la suspensión de aumentos de tarifas a partir de 1º de enero 2020 durante 180 días con posibilidad de prórroga; y se habilita al Ejecutivo a analizar la revisión tarifaria integral, como así también la del marco regulatorio en materia de transporte y distribución de energía.

Respecto a la educación, se creará dentro de la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Daniela Vila, un programa especial para financiar obras urgentes en materia de infraestructura escolar. “Hay más de 600 obras prioritarias que se necesitan realizar para garantizar el inicio de clases en marzo” sostuvo Carlos Bianco.  

Ante la situación sanitaria, el proyecto prevé que el Ministerio de Salud garantice el funcionamiento de la infraestructura de los hospitales y el acceso a medicamentos, vacunas e insumos necesarios para el tratamiento de la sociedad.

Por otra parte, se prorrogan las tres emergencias vigentes impulsada por la anterior gestión: Seguridad Pública y Salud Penitenciaria; Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos y Administrativa y Tecnológica.

También se creará una Comisión Bicameral integrada por tres diputados, tres senadores, la Defensoría del Pueblo provincial y asociaciones de la comunidad bonaerense, que tendrá como objetivo realizar un seguimiento del cumplimiento de la ley.