Estudiantes del Colegio Normal 3 de La Plata fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976 por efectivos de la Policía bonaerense, comandada por el entonces coronel Ramón Camps, en un hecho denominado como “La Noche de los Lápices”. Este suceso constituyó un ícono de la represión ilegal contra jóvenes durante la dictadura cívico militar.

Las jovenes eran reconocidos militantes políticos de La Plata y un año antes habían participado en la movilización que consiguió la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES) en la capital de la provincia de Buenos Aires.

Según una de las principales hipótesis de quienes investigaron estos hechos, en agosto de 1976 la dictadura decidió suspender este beneficio con el propósito de identificar a los referentes del movimiento estudiantil que lideró este reclamo.

Esto se desprende de un documento de inteligencia titulado «La Noche de los Lápices», que años más tarde fue hallado en dependencias de la la Policía bonaerense, y en el cual el comisario mayor Alfredo Fernández describe las acciones que se debían emprender contra estos jóvenes.

La noche del 16 de septiembre se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a diez jóvenes que tenían entre 14 y 18 años, de los cuales la mayoría integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Claudio De Acha; María Clara Ciocchini; María Claudia Falcone; Francisco López Muntaner; Daniel Racero y Horacio Ungaro eran arrancados de sus domicilios en la primera jornada de esa acción ilegal.

En tanto que el 17, los represores apresaban a Emilce Moler y Patricia Miranda, que estudiaba en el Colegio de Bellas Artes de La Plata.

Cuatro días después caía Pablo Díaz, quien formaba parte de las Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.

En los meses que siguieron, todos pasaron por centros clandestinos pertenecientes al «Circuito Camps»: además del estacamento de Arana y del Pozo de Banfield se cnontraban la Brigada de Investigaciones de Quilmes, jefatura de la provincia de Buenos Aires y las comisarías de La Plata, Valentín Alsina y Lanús.

Moler y Díaz recuperaron la libertad tras permanecer varias semanas cautivos en ese centro de detención ubicado en el partido de Lomas de Zamora.

Miranda también salió con vida de Arana, la trasladaron al Pozo de Quilmes y quedó alojada en la cárcel de Villa Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1978.

Gustavo Calotti, que había terminado el secundario un año antes, cayó en cautiverio el 8 de septiembre, y se lo considera un sobreviviente de estos hechos, ya que padeció la tortura junto a estos jóvenes.

Once años después de los hechos, Díaz testimonió en el Juicio a la Juntas, y dio cuenta de los padecimientos que sufrió en el pozo de Banfield junto a sus compañeros.

Los testimonios de los cuatro sobrevivientes -Díaz, Calotti, Moler y Miranda- en estrados judiciales registraron el horror de su cautiverio, en el que sufrieron la falta de comida, de higiene, de abrigo, sesiones de torturas, violaciones y hasta debieron asistir a muchachas embarazadas, por lo que se deduce que funcionaron maternidades clandestinas.

«En Arana me aplicaron la picana eléctrica en la boca, encías y genitales. Inclusive con una pinza me arrancaron una uña del pie. (…) Era muy común pasar varios días sin comer. Me tuvieron atado durante un largo tiempo con una soga al cuello», contó a la Conadep Pablo Díaz.

“Cuando salí del Pozo de Banfield les prometí a mis compañeros que no iba a olvidarlos. Viví para dar testimonio de lo que les pasó a ellos, pero ahora lo hago por los 30 mil detenidos desaparecidos. Honrar la memoria es mi deber como sobreviviente”, enfatizó Díaz hace algunos años.

Sus vivencias quedaron reflejadas en el libro “La Noche de los Lápices”, publicado en 1985 y que dio origen a una película, que se estrenó en 1987.

Por su parte, Emilce Moler expresó: “Nosotros éramos militantes políticos, todos éramos de la UES, una agrupación peronista que adhería a Montoneros y que en el 76 particularmente nos oponíamos a la dictadura, pedíamos que se vayan los militares, siempre mantengo eso, ya que es parte de la historia y la memoria, que no hay que olvidar ni borrar”.

En este sentido, agregó que “no hay que olvidar ni borrar de la memoria lo que pasó, porque además del homenaje y recuerdo de los compañeros que no están, recordar permite reinterpretar este presente”.

La sanción de la Ley de Obediencia Debida impidió en los años ’80 que el comisario Miguel Etchecolatz, autor material de estos secuestros y desapariciones, enfrentara la acción de la Justicia.

Tras derogarse en 2003 la leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos dictados por el ex presidente Carlos Saúl Menem, se iniciaron los juicios de lesa humanidad y Etchecolatz -junto a otros 15 represores- recibió sentencias por varios crímenes. Entre las condenas, se lo declaró culpable por los delitos cometidos en el Circuito Camps.

Pese al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos de las víctimas aún no pudieron ser identificados.

El excabo de la policía Roberto Grillo, que participó en el secuestro de los estudiantes le confió hace años a la familia Ungaro que debió «quemar los cuerpos de los chicos», pero que él no los mató.