La firma se realizó en la Sala de Situación de la cartera sanitaria provincial y estuvo a cargo de la ministra Estela Díaz y del ministro Daniel Gollán. “Hoy estamos poniendo en marcha algo que tendría que ser una naturalidad, estamos hablando de aquello que en Argentina es legal, pero consideramos que a partir de contar con esta herramienta habrá gente de los equipos de salud que va a empezar a perder el miedo y a participar del acceso a este derecho de forma rutinaria” señaló Gollán.

La decisión contrasta con la postura sobre el tema del gobierno anterior cuando María Eugenia Vidal dio marcha atrás con la adhesión de la Provincia al protocolo de aborto no punible, una medida que impulsó Zulma Ortiz, en ese entonces Ministra de Salud, y que le costó su renuncia por las diferencias con la ex gobernadora.

Por su parte, Díaz mencionó que “la guía que se acaba de actualizar es construida sobre la que hizo Daniel (Gollán) en 2015, siendo ministro de Salud de la Nación”, y detalló que servirá a los equipos de salud para guiar los procedimientos en interrupciones legales del embarazo contempladas por el Código Penal en su artículo 86 incisos 1 y 2. “Estamos hablando de una legislación del año 1921, centenaria, y se establece qué procedimientos realizar para cuando el aborto produce un problema para la salud y la vida de la mujer, o en los casos en que el embarazo es producto de una violación”.

Los ministros explicaron que esta guía toma las últimas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para que el procedimiento quede más claro, haya menos intermediarios y genere mayor accesibilidad, en definitiva, “para que se garantice el derecho a la salud de algo que es totalmente legal”.

En cuanto a la objeción de conciencia, Díaz explicó que ya estaba contemplada en protocolos previos y detalló que en esta nueva guía queda claro que es un derecho individual, pero que las instituciones de salud pública deben garantizar en todos los casos pertinentes el acceso a los abortos no punibles.

Los ministros aseguraron que los hospitales tienen los recursos y el personal idóneo para llevar a cabo los procedimientos contemplados en el protocolo pero que, no obstante, “hay lugares donde hay barreras indebidas al acceso”.

Al respecto, la ministra insistió en la necesidad de aplicar el protocolo y no demorar los procedimientos porque para la salud de la mujer y para el sistema de salud público “es costosísimo cuando llegan mujeres con interrupciones del embarazo realizados en el circuito clandestino e inseguro; en cambio, la práctica del aborto en el primer trimestre de gestación es sencilla, medicamentosa y hasta se puede atender no sólo en los hospitales, sino en los centros de atención primaria de la salud”.

De la firma de la resolución, las subsecretarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sexual, Lucía Portos y Flavia Delmas, la diputada nacional por el Frente de Todos, Mónica Macha, el Asesor General de Gobierno provincial, Santiago Pérez Teruel y la subsecretaria de Planificación y Contralor Sanitario, Leticia Ceriani. Estuvieron presentes referentes del movimiento feminista, de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuita, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y la escritora Claudia Piñeiro.