El gobierno bonaerense trabaja una guía del lenguaje inclusivo. La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, indicó que luego se sume el poder Legislativo y el Judicial.

La idea es que el lenguaje inclusivo este en la administración pública, luego se sume el poder Legislativo y también el Judicial, aunque en este último habrá más resistencia porque el actual Procurador de la provincia, Julio Conte Grand, es un hombre del Opus Dei.

En una charla que la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz brindó a Tiempo Argentino, la funcionaria contó la idea de implementar la Ley Micaela. “Hemos convocado a nuestro equipo de trabajo a Néstor “Yuyo” García, el papá de Micaela, él vino luchando para que esa ley exista y ha caminado el país con la formación y va a estar a cargo de una dirección que tiene que ver con la formación y capacitación. Estamos conformando un equipo muy fuerte porque hay que imaginar la implementación de la ley en toda la provincia, en todos los poderes del Estado. Nos parece una señal muy positiva que el gobierno nacional haya inaugurado la implementación de la ley con una formación al gabinete. Nosotros ya estamos conversando para hacerlo en la provincia”, contó Díaz.

La ministra relató que la gestión anterior redujo la jerarquía del organismo, redujo la cantidad de espacios de conducción y vació las políticas y precarizó a los trabajadores y trabajadoras del sector. “El ejemplo más palpable es lo que pasa con la línea 144, que están tercerizados por un convenio con Provincia NET, y no tienen ninguno de los dispositivos que se supone que tienen que tener quienes trabajan en emergencia: supervisión interna, externa, trabajo con los equipos, período diferencial de descanso. Otro ejemplo: nos encontramos con municipios que no habían retirado las pulseras electrónicas. Eran tres, casualmente de Cambiemos -Lanús, San Miguel y Pergamino- que no las habían venido a retirar cuando estamos hablando de situaciones de alto riesgo. Creo que son ejemplificadoras de la situación en la que está la política de género”, contó la ministra.

Díaz explicó que la idea es cambiar diametralmente todo lo que se venia haciendo en las políticas para la violencias. “La perspectiva es la integralidad, ahora hay fragmentación, dispersión y una mirada que responde desde la seguridad o la justicia y pensamos que hay que cambiar el enfoque y hay que pensar en todas las violencias: no sólo en la intrafamiliar, hay que pensar en la laboral, institucional, mediática. Todos los tipos y modalidades que marca la ley nacional”, dijo.

Desde el ministerio se trabajará en las políticas de promoción e igualdad y diversidad sexual. Habrá una Dirección Provincial de Diversidad Sexual que va a estar a cargo de Daniela Castro, la primera funcionaria trans de nuestra provincia, donde se trabajarán el acceso a la salud, al trabajo y un programa para la implementación del cupo laboral trans no sólo en el ámbito público sino también en el privado.