Este viernes, abogados de la Comisión Provincial por la Memoria, encabezados por Margarita Jarque, presentaron (ya lo habían hecho hace un año) el pedido de indagatoria al ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y al ex jefe de la Bonaerense, Francisco Perroni. En el escrito los considera como responsables penales del incendio ocurrido el 15 de noviembre de 2018 y quienes tuvieron, con sus decisiones, efectos directos para que no se pudieran evitar las diez muertes, y solicita que sean imputados por "abandono de persona seguida de muerte" y "violación de los deberes de funcionario público.

La noche del 15 de noviembre de 2018, se inició una discusión entre los detenidos de la celda 1 por la música que salía de los reproductores. Para terminar la discusión, la guardia decidió apagar los aparatos, lo que desató una protesta con quema de colchones. La velocidad con que se desarrolló el incendio impidió que se lo pudiera contener a tiempo. El escrito desarrolla los motivos por los que las diez muertes podrían haber sido evitadas y todos llevan hacia el vértice de las responsabilidades, el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y su inmediato sucesor en las jerarquías policiales, el jefe de la Bonaerense Francisco Perroni.

Clausura y hacinamiento

La comisaría 3ª tenía un cupo para alojar un máximo de 8 personas detenidas. Al momento del incendio, en la seccional se había traspasado ese límite en más de tres veces: había 27 detenidos. Para colmo, más allá de la capacidad real, la comisaría de Transradio había sido clausurada para el alojamiento por orden judicial por las pésimas condiciones en que se encontraban sus instalaciones: "las celdas no poseían iluminación ni ventilación acorde; había dificultades para el acceso/uso de agua y no existían medidas/elementos de seguridad (matafuegos vencidos al 2017) e inexistencia de instalaciones contra incendio", señala el escrito. En la celda 1, donde se produjo el incendio, convivían 12 personas en un espacio de 5,30 metros de ancho por 3,60 de largo, y que dormían en colchones de goma espuma no aptos, sin retardantes de ignición, que cubrían la superficie del piso. 

El fuego, al tomar los colchones se propagó en segundos provocando las muertes por exposición al calor directo. La comisaría de Trasnradio tiene una particularidad: pared mediante se encuentra el cuartel de Bomberos. Fue tan rápida la propagación que los bomberos no llegaron a tiempo. Y la guardia, que intentó reaccionar, se encontró con que los matafuegos estaban vencidos.

El escrito sostiene que Ritondo ya había sido advertido: la comisaría ya había sido motivo de siete clausuras judiciales, cuatro de las cuales tuvieron lugar mientras Ritondo era ministro de Seguridad. En 2016, por orden del juzgado Correccional 8 y del Tribunal en lo Criminal 9, ambos de Lomas de Zamora; un año antes del incendio, el 2 de noviembre de 2017, por orden del juzgado de Garantías 3 y el 30 de enero de 2018 por el juzgado 2, de Javier Maffucci Moore, el mismo que lleva ahora la causa del incendio.

Durante 2016, cuando Ritondo era ministro, la CIDH solicitó al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de las personas detenidas, en comisarías de Lomas de Zamora y La Matanza, debido a las riesgosas condiciones en que estaban alojadas. La advertencia era fácilmente aplicable a casi todas las comisarías de la provincia, y las condiciones de la de Transradio en nada diferían. Al año siguiente a la advertencia de la CIDH, el 2 de marzo de 2017, la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino puso en el cuerpo de las 7 víctimas la demostración cabal de que la solicitud de la CIDH no era infundada. La diferencia de Pergamino con Transradio es que en la primera la guardia no intentó controlar el fuego, mientras que en la segunda quedó demostrado que lo intentaron pero las condiciones de la comisaría lo impidieron.

Pedido de remodelación

Un mes después de Pergamino, según cita el escrito y figura en la investigación, el 14 de abril de 2017, el jefe de la comisaría de Transradio, Darío Giménez, pidió al Departamento de Arquitectura y Obras del Ministerio que dirigía Ritondo que realizara una inspección en el sector de calabozos para "determinar las reformas, remodelaciones o reestructuración necesarias para revertir las clausuras e indispensables para el normal alojamiento de detenidos respetando las disposiciones y derechos que le asisten a los mismos”.

La comisaría ya contaba con un expediente de reforma con lo que a pedido del comisario Giménez, en dos oportunidades, el Departamento de Arquitectura actualizó el costo de las refacciones que, en abril de 2018, siete meses antes de la Masacre, alcanzó la cifra de $1.772.825. El escrito de la CPM destaca que la instalación de matafuegos,  matafuegos de agua presurizada, y un sistema de incendio de dos tanques de P.V.C de 1.100 lts., una bomba de agua, manguera reforzada y demás tenía un costo de "$35.199, 41." El incendio demuestra que la autoridad ministerial decidió no hacer el gasto. Ni siquiera la provisión de colchones con retardantes de ignición.

El cupo

El escrito señala que en la investigación se determinó que las decisiones de peso en relación a las instalaciones y la cantidad de detenidos asignados se tomaban en el mayor nivel de jerarquía, esto es la jefatura de la Bonaerense y el ministro de Seguridad. El escrito recuerda que el 10 de septiembre, dos meses antes de la Masacre, en una entrevista televisiva realizada por Luis Novaresio, Cristian Ritondo reconoció que tenía un "record de detenidos" en comisarías, con un total aproximado de 4 mil alojados. Y no dejó dudas de su política penitenciaria y del total desprecio por la vida de quienes estaban bajo su tutela cuando le dijo a Novaresio: "Prefiero a los delincuentes amontonados antes que liberados".

Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello fueron los "amontonados" por Ritondo en la comisaría de Transradio que encontraron esa horrible muerte, mientras que dos lograron sobrevivir después de su internación.

El reclamo de la CPM está dirigido a la cabeza de la investigación, el fiscal Fernando Semisa, quien a los cuatro meses de iniciada la causa había decidido imputar a los muertos y cerrar el expediente. Al año fue recusado por la CPM pero el juez Maffucci Moore rechazó la recusación. “Es momento de volver la mirada sobre el fiscal para requerirle estas indagatorias y recordarle que es en cabeza del propio fiscal sobre quién pesa la responsabilidad estatal de investigar estas violaciones a los derechos humanos”, dijo Margarita Jarque.

Este domingo, a las 16 se realizará una transmisión en vivo por el canal de YouTube y la página de facebook de la CPM, para realizar un homenaje a las víctimas y para reclamar justicia.

Fuente: Página 12