Desde hace seis meses la denuncia que efectuó la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) contra la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal por el presunto desvío de $5.500 millones naufraga de juzgado en juzgado.

Primero fue el juez federal de La Plata Ernestro Kreplak quien se declaró incompetente para investigar los supuestos delitos de malversación de fondos, una actitud similar a la que tomó en la causa de los aportantes truchos.

En tanto, después de que el expediente ingresara a la Justicia provincial, fue la UFI 3 de La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Martini, quien avanzó en el mismo sentido que Krepak.

La denuncia, presentada por el secretario general de la comisión interna del Bapro seccional Buenos Aires Santiago Etchemendi el 6 de noviembre, pide que se investigue a Vidal por los delitos de malversación de fondos y abuso de autoridad.

El hecho que motivó la presentación judicial surge de un acta que firmó la mandataria bonaerense con el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso. En ese acuerdo, el Estado nacional se comprometió a enviar la suma de $5500 millones, para financiar el déficit previsional de la caja jubilatoria de 2015 y 2016, lo que efectivamente se concretó.

Sin embargo, los fondos no llegaron a la caja jubilatorio sino que se transfirieron a otra cuenta, a cargo del Gobierno bonaerense, que los usó para sus gastos corrientes, violando el decreto en cuestión.  "La tarea del fiscal es fácil: revisar la cuenta y ver que la plata no está, como se acordó con la ANSES. Pero nadie quiere hacerlo, parece...", ironizó en diálogo con AGENCIA PACO URONDO Santiago Etchemendi, de la Comisión Gremial Interna del BAPRO.