La extensión imponente de la Provincia de Buenos Aires coloca a la mayoría de las fuerzas políticas ante la encrucijada de tener que cubrir casi 95 mil mesas con fiscales que puedan dar fe de los resultados electorales. Algo casi inaccesible, excepto para el peronismo, por supuesto.

Sabiendo de esa debilidad, Cambiemos diseñó una arquitectura de fiscalización que intentará suplir la falta de estructura del espacio político en el territorio bonaerense, fundamentalmente en el determinante en el populoso conurbano.

La primera decisión fue acelerar la campaña para sumar fiscales voluntarios que defiendan al macrismo en las trincheras. Con resultados limitados que no llegaron a cubrir las expectativas se puso en práctica el plan B.

Se resolvió desde el bunker de campaña del PRO priorizar la provincia e importar fiscales porteños al conurbano para bancar la candidatura de María Eugenia Vidal, ya que de su resultado depende gran parte del desempeño final de Cambiemos.

La otra pata del plan incluye rentar militantes y hasta trasladar parte de empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los lugares en los que el macrismo tiene mayores debilidades de mano de obra fiscal.

Por último, y para espantar fantasmas de fraude que se vienen fogoneando, Cambiemos realizará un conteo paralelo para garantizar que los resultados anunciados coincidan con los que su plan de fiscalización fue recolectando.

Así será la arquitectura PRO que buscará respaldar las potencialidades de Vidal en tierras bonaerenses.