A poco más de un mes del escándalo de los “aportes truchos”, un estudio de la consultora Ricardo Rouvier y Asociados arrojó que el 49.3% de los argentinos cree que la gobernadora María Eugenia Vidal sabía que hubo “aportantes falsos” en las campañas bonaerenses de 2015 y 2017, según consigna este miércoles el sitio InfoGEI.

En tanto, el 38,5% de los encuestados consideró que Vidal no estaba al tanto de los aportes truchos, y el 12.2% no sabe cuál era la posición de la Gobernadora.

El estudio fue realizado a partir de 1200 encuestas telefónicas en el mes de julio. Entre otros datos indagados, además se destaca que la imagen positiva de la Gobernadora alcanzó su punto más alto a fines del año pasado, y muestra leves caídas en 2018, aunque mantiene niveles altos de aceptación (49.3%).

Por su parte, el colega Alejandro Palladino, del sitio Contexto, de La Plata, revela hasta qué punto puede estar complicado en el caso el gobierno de Vidal, tanto que quienes supuestamente deberían ser los responsables de su “transparencia” aparecen atrapados entre las redes del caso que algunos llaman el “HeidiGate”.

“El escándalo por aportantes truchos del PRO bonaerense, que motivó una serie de denuncias contra Vidal como titular del partido, generó distintos cuestionamientos hacia la gestión provincial. Entre estos, la falta de funcionamiento de los organismos de contralor. En algunos casos son dirigidos por funcionarios allegados al gobierno, con poca independencia en su acción, y en otros directamente no funcionan. Uno de esos organismos es la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), creada por Vidal en abril de 2017 para “luchar contra las mafias dentro y fuera del Estado”, había justificado la gobernadora en aquel momento. Como si fueran poco las denuncias por los aportes fraudulentos para las campañas 2015 y 2017, Luis María Ferella, el titular de la OFI, encargado de velar por la transparencia del Estado, figura como aportante al PRO bonaerense desde apenas días después de haber sido designado por Vidal para ese cargo. La situación comenzó a hacerse pública tras una revelación periodística del portal Realpolitik, a través de los aportes anuales del partido que se observan en el sitio de la Cámara Nacional Electoral. Que Ferella figure como aportante del PRO desde mayo, cuando había sido elegido en abril para ocuparse de la transparencia en el Estado y evitar hechos de corrupción, no significa un delito, pero resulta llamativo y oscurece los modos de financiamiento del partido que actualmente ponen al gobierno de Vidal en su peor etapa”, afirma en su nota Palladino.

Por su parte, Irina Hauser, de Página 12, afirma este mismo miércoles en “Una pesquisa más cerca de Vidal” que “una buena parte de la investigación sobre aportantes truchos a las últimas dos campañas electorales de Cambiemos se instala finalmente en los tribunales de La Plata. El juez federal Ernesto Kreplak abrió ayer una nueva causa para analizar las donaciones para la elección presidencial de 2015 en territorio bonaerense; en otro expediente ya tenía con anterioridad bajo la lupa los aportes a la campaña legislativa de 2017. En ambos casos se analizan posibles delitos como asociación ilícita, violación de secretos, falsificación de documentos y lavado de dinero. Las denuncias apuntan a la gobernadora María Eugenia Vidal, como responsable partidaria. Otro aspecto de lo que a esta altura parece una gran maniobra para ocultar el origen del dinero para las campañas es la posible violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, cuyo estudio quedará a cargo de otro juzgado, con competencia electoral, que subroga Adolfo Ziulu. Hoy a primera hora el fiscal federal Jorge Di Lello le enviará el resultado de una pesquisa preliminar, que abrió de oficio apenas el periodista Juan Amorín reveló en El Destape los primeros 205 casos de aportantes fantasma (hoy son más de mil los detectados) del año pasado para las listas que encabezaban Graciela Ocaña y Esteban Bullrich. Le dirá al juez –aunque sin sacar conclusiones– que el material recolectado obliga a investigar presuntas irregularidades. En Comodoro Py sólo quedará una causa, a cargo de Sebastián Casanello, donde se investiga posible lavado, también en las campañas electorales porteñas. Cada uno de esos expedientes traería consecuencias distintas. Quizá el efecto más temido en el oficialismo a mediano o largo plazo es el que pueda resultar de las infracciones a las normas electorales, ya que según el artículo 63 de la ley de financiamiento de partidos pueden sufrir inhabilitación de seis meses a diez años para elegir y ser elegidos y para ejercer cargos públicos y partidarios el “presidente y tesorero del partido, los responsables políticos y económico financieros de la campaña” que “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”.