Asociaciones de consumidores pidieron que la Legislatura bonaerense investigue cuál fue el rol de las empresas eléctricas bajo el Gobierno de María Eugenia Vidal. Se sabe que Vidal le permitió tarifazos del 3000% al Grupo DESA, que pertenece a un empresario muy cercano a Vidal y a Mauricio Macri, como Rogelio Pagano. 

Las ONG’S piden que los legisladores sometan a discusión el lapidario informe que publicó la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos sobre la Revisión Tarifaria Integral 2017-2022 que la gestión Vidal firmó con las distribuidoras eléctricas provinciales. 

“A nuestro entender, existió por parte del estado provincial (una clara intencionalidad de beneficiar al sector empresarial, en perjuicio de los usuarios del servicio público de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires”, reza la misiva girada al Senado bonaerense.

El pedido llega en medio del proceso de negociación entre el Gobierno y el grupo DESA -que concentra a las distribuidoras Edelap, Edea, Eden, Edes y Edesa- que comenzó en agosto pasado con la firma del acuerdo que extendió el congelamiento de tarifas hasta fin de año para mitigar el impacto de la pandemia.

Según se sospecha, el Grupo de Rogelio Pagano recibió tarifazos extraordinarios y no realizó inversiones en el sector, como era el argumento para justiciar los incrementos. Por el contrario, lo que aumentaron fue el reparto de dividendos entre los accionistas. Un gran negocio para pocos.