El escándalo por el fraude con las tarjetas Alimentar sigue generando ruido en Pinamar. Mientras la Justicia avanza en la investigación por la participación de diferentes funcionarios del municipio, señalados por transferirse el crédito de 250 plásticos por un total de 2 millones de pesos, ahora se supo que el Banco Provincia intimó al intendente local Martín Yeza (Juntos por el Cambio) a “reintegrarle inmediatamente” al Ministerio de Desarrollo de la Nación la totalidad del dinero desviado.

“Me dirijo a Ud. en mi carácter del Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, atento a la situación generada con causa en el desvió de fondos en beneficio de dependientes de ese Municipio, asumida por esa Municipalidad de Pinamar en la Cláusula 7° del Convenio suscripto con el Banco que presido en fecha 26 de octubre de 2020”, comienza el escrito.

El texto legal explica que debido al incumplimiento de la obligación asumida por el Municipio en relación a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, el banco “debería responder ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reintegrando los fondos públicos involucrados”.

Es por eso que “se intima al Muncipio a asumir la responsabilidad que le compete, procediendo al inmediato reintegro al Ministerio citado de la suma… que, según se denunciara en la causa penal, asciende al presente a $ 2.050.990”, y aclara que será sin perjuicio de la cifra que pudiera resultar de la investigación en curso, con los costos e intereses a determinarse, “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”, concluye el documento.

La causa

En marzo, la Policía Federal allanó las sedes de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Social del municipio de Pinamar, y detuvo a seis personas, entre ellas dos funcionarias municipales, por irregularidades en la entrega de la Tarjeta Alimentar.

Según informaron fuentes judiciales, dos funcionarias de la secretaría de Desarrollo Social de Pinamar robaron lotes que no habían sido entregados por la pandemia de coronavirus, y se las dieron a la pareja de una de ellas.

A través de dos amigos comerciantes, simularon en los posnet compras con las tarjetas por un monto total de $2.092.000 que luego transfirieron a cuentas personales en el Banco Provincia. En total serían seis las personas implicadas.

Luego de los allanamientos, todos fueron detenidos bajo la acusación de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.

Con el secuestro del material y las detenciones, el juzgado se declaró incompetente y le pasó la causa a la justicia federal de Dolores: es que los fondos afectados pertenecían al Estado Nacional. El fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi los acusó ante el juez subrogante Martín Bava (quien actualmente prosigue la investigación) por defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita.

Fuente: Data Diario