Se trata de Fernando Díaz, quien está acusado de administración fraudulenta e irregularidades en el servicio de catering del sistema penitenciario provincial. Desde el Ejecutivo bonaerense minimizaron el hecho y designaron a un auditor por 90 días.

El mismo día que desde el Ministerio de Seguridad anunciaron el cambió de siete comisarios de la plana mayor de la Policía Bonaerense, el jefe del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, Fernando Díaz, renunció a su cargo. Había sido designado en diciembre del año pasado por la Gobernadora María Eugenia Vidal.

Quedará en ese importante puesto el subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Pablo Baric, y como auditor general, Fernando Rozas. El ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, dijo luego de  hacerse pública la citación a la indagatoria de Díaz, que estaba analizando el caso con su par de Nación, Germán Garavano, y que no tenía tomada una postura ni decisión al respecto.

Díaz declaró en octubre pasado en una causa en la que se lo acusa (junto a otros 37 funcionarios) de administración fraudulenta y está sospechado de participar de esa maniobra delictiva –irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta– durante su gestión como auditor general del Servicio Penitenciario Federal.

A pesar de estas cataratas de citaciones y declaraciones en la justicia, Díaz aseguró que su alejamiento de la dirección del sistema penitenciario se debe a “motivos personales”.

Díaz había sido nombrado por Vidal como máximo responsable del SPB en diciembre pasado, luego de la salida de Florencia Piermarini y tras el escándalo por la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. En estos momentos, lo que se baraja es realizar una auditoria general, en donde quien quedará a la cabeza será Fernando Rozas, ex diputado provincial de Francisco De Narváez y colaborador del intendente de La Plata, Julio Garro, durante la última campaña. El plazo será de 90 días, y una vez terminado, ahí se eligirán a las nuevas autoridades. Mientras tanto será Juan Pablo Baric -actual subsecretario de Política Penitenciaria- quien quede a cargo.

Conocida la causa judicial que involucra a Díaz, lo que alarmó al organismo emblema de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, comandado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, es que "desde la nueva designación de Díaz al frente del SPB se resolvió implementar un sistema de viandas similar al denunciado en esta causa federal". Entonces, en base a esto, le pidieron formalmente mediante un escrito a la gobernadora y a Ferrari que separen del cargo al funcionario, según le confirmaron a Letra P.

Según el último informe de la Comisión Provincial de la Memoría, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias. El Servicio Penitenciario Bonaerense es tristemente célebre por eso. Vidal y Ferrari ahondarán nuevamente en esta problemática y prometerán seguir reestructurando el área.