En un documento que consta de 33 páginas con varios apartados entre los que resaltan un "Memorandum de Politicas Economicas y Financieras" y el "Techo a las intervenciones del BCRA y el gobierno nacional en los mercados de cambios", Cambiemos publicó los condicionamientos que ya acordó con el FMI. 

Dirigida a la "estimada Sra Lagarde" el escrito cuenta con las firmas del ministerio de Hacienda Nicolás Dujovne y el Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y en el explica: "El gobierno argentino solicita el apoyo del FMI a este plan economico. El plan ha sido diseñado por el gobierno artinno y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situacion politica, economica y social actual". A su vez, reconoce que "el plan que hemos diseñado es sólido, ayudará a construir confianza y reducir incertidumbre" en el mercado. Más adelante, solicita "formalmente" el acuerdo "Stand By" del FMI por un periodo de 36 meses (3 años) por un monto de U$D 50.000 millones, y promete: "Planeamos desembolsar el primer tramo (U$D 15.000) luego de la aprobación de programa". 

Dentro de un apartado acerca de la politica fiscal que llevará adelante Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri se comprometió con el FMI a reducir el gasto publico "hasta llevarlo a niveles adecuados y sostenibles", al tiempo que menciona como un logro del gobierno haber ajustado "los gastos primarios por una suma equivalente a casi 2 por ciento del PBI" durante 2017. Además, advierte que continuará avanzando "en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte", lo que significará un aumento para el ciudadano tanto en tarifas como en transporte público. 

Acerca de las obras de participación público-privadas (PPP), principal carta del gobierno para generar empleo y levantar la actividad, el organismo que conduce Christine Lagarde obliga a que las infraestructuras financiadas por el Estado sean contabilizadas como gasto público, lo que reducirá las ejecuciones. 

A su vez, el gobierno se compromete a continuar "con nuestros esfuerzos para racionalizar el empleo público que se irá reduciendo", y adelanta que no renovará cargos en "puestos no prioritarios", congelará las nuevas contrataciones durante dos años y eliminará "las posiciones redundantes". "Nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga de 3,4 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 porciento hacia final del programa" adelanta el comunicado.