La diputada Graciela Camaño declaró hace instantes que la oposición confía en aprobar el proyecto que busca retrotraer el precio de las tarifas al primero de noviembre de 2017. Además, adelantó que si se aprueba y Macri veta la ley, irá a la Justicia.

Acompañada por Marco Lavagna y José Ignacio de Mendiguren, la Diputada Graciela Camaño adelantó a la prensa que la oposición confía en aprobar el proyecto que busca retrotraer el precio de las tarifas al 1ero de noviembre del año pasado y que pretende fijar los futuros incrementos de tarifas con los aumentos de salarios. “Confiamos en que vamos a tener el número necesario para aprobarlo” dijo Camaño.

Por su parte, en respuesta a las críticas del oficialismo Camaño defendió el rol del Congreso: “Nuestro proyecto lo que hace es defender al usuario como lo establece el artículo 42 de la Constitución” marcó, al tiempo que contrastó las versiones de Cambiemos que tildaron al proyecto de demagógico e inconstitucional. “Lo que es claro que el tema de las tarifas es un tema que al Congreso le importa y no hay ninguna inconstitucionalidad” explicó, habló de la posverdad y continuó: “yo lamento que desde el relato y la construcción se pretenda mermar las atribuciones que el Congreso tiene”. Además, la diputada nacional por el Frente Renovador defendió al proyecto: “Es un dictamen que lo que hace es establecerle un límite a una pésima negociación que a hecho el poder ejecutivo” en materia tarifas. “Debemos apuntar a la defensa del usuario”, remarcó Camaño.

Ante los reiterados dichos de funcionarios del gobierno que advirtieron de ante mano que de aprobarse el freno al tarifazo el presidente Mauricio Macri lo vetará, Camaño adelantó que de ser así recurrirá a la Justicia. “La Corte Suprema en su fallo a dicho claramente que tiene que hacbr un correlato de razonabilidad en la aplicación de las tarifas” dijo, y adelantó que de vetarse el proyecto: “Vamos a hacer un reclamo judicial porque creemos que los argumentos que hemos expuesto”.

Al respecto, Camaño denunció irregularidades en la generación de gas, “se advierte una cartelización para favorecer a las empresas amigas” y señaló: “En el proceso de transporte y de distribución hay irregularidades incluso con las propias decisiones que han tomado en las diferentes disposiciones y normas que ha dictado el ENRE y el poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía”. Asimismo, para Camaño “amerita que nosotros le pidamos a la Justicia que investigue si efectivamente el Poder Ejecutivo ha ido en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia” y sentenció: “Nosotros entendemos que no”.