Lo hizo la Asociación Americana de Juristas al exponer en la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se trató la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el derecho constitucional de los pueblos originarios a “recuperar su territorio ancestral”.

David Ricardo López, integrante de la Asociación Americana de Juristas, señaló su preocupación ante la ONU por la desaparición de Santiago Maldonado y los ataques permanente que sufren las comunidades mapuches por parte del Gobierno de Mauricio Macri, lo que está “generando un clima de violencia en la Argentina”

El jurista colombiano fue el encargado de repasar los antecedentes del caso ante sus compañeros de Comisión de Derechos Humanos, el 19 de septiembre pasado.

En ese marco, recordó que “en el 2015, la comunidad Pu Lof de Cushamen recuperó una porción de su territorio ancestral en el noroeste de la provincia de Chubut disputado por la compañía Tierras del Sur de Luciano Benetton. La recuperación mapuche se produjo en el marco de la Constitución nacional que ordena su restitución y la ley 26.160”.

En enero de 2017, “argumentando el despeje de las vías de un tren turístico que pasa por la Pu Lof, la policía realizó un operativo dejando heridos graves”, mientras que meses más tarde se produjo “la detención ilegal del lonko Facundo Jones y de otros seis mapuches, basada en un pedido de extradición de Chile, cuyo juicio fue anulado por inteligencia ilegal y pruebas conseguidas bajo tortura”.

López detalló que el 1 de agosto, cuando la Gendarmería ingresó a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen “había ocho hombres, dos mujeres y dos niños”, y que “Santiago Maldonado fue detenido y desaparecido, trasladado en un móvil de Gendarmería rumbo a Esquel”.

A pesar de que su desaparición forzada fue denunciada por la APDH, instruyéndose la causa con pruebas documentales y testimoniales, el Estado argentino “niega su detención, descalificando a los indígenas con medidas discriminatorias y una campaña mediática política de grupos económicos que intentan instalar la idea de que el indígena que lucha por sus derechos es un violento enemigo de la patria para seguir militarizando Chubut, una región disputada por intereses transnacionales, por sus recursos naturales”.

“La ley 26.160 que protege a los territorios indígenas, impide desalojos hasta noviembre de 2017. Mientras el Poder Ejecutivo se niega a continuar con el relevamiento de los territorios y obstaculiza el tratamiento de la prórroga de la norma en el Senado, generando un clima de violencia en la Argentina”, concluyó el jurista ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.