A través de una norma presentada por el senador Darío Díaz Pérez, quedó establecido que entre 1976 y 1983 el país estuvo bajo el mando de una dictadura cívico-militar" y que los detenidos desparecidos fueron 30.000.

Al gobierno de María Eugenia Vidal no le quedó otra opción que promulgarla ley que obliga a utilizar la definición de "dictadura cívico-militar". También se debe hablar de 30.000 desaparecidos en todos los actos oficiales y en las publicaciones del Estado provincial.

Cuando la ley era un proyecto, Díaz Pérez argumentó: “No podemos permitir que aun hoy, en actos públicos, quienes deben representar las expresiones y valores de la democracia se pronuncien subestimando las atrocidades llevadas a cabo esos años, o minimizando su impacto, en lo que constituye un verdadero negacionismo”

El ex intendente de Lanús añadió que “los discursos negacionistas hacen renacer el dolor de las víctimas y familiares, renovando las humillaciones de los sobrevivientes. El cuestionamiento del número de víctimas y el uso de eufemismos para referirse a procesos históricos son los argumentos prototípicos”.

La norma estableció que se incorpore "de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres Poderes de la provincia de Buenos Aires, el término 'dictadura cívico-militar' y el número 30.000 junto a la expresión “desaparecidos”, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".