(por Andrés Fidanza) La denuncia contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia tiene destino de disolución. Ese podría ser su desenlace inminente, incluso antes de que Gustavo Arribas llegue a desplegar todos sus argumentos de defensa. Mauricio Macri decidió blindar a su amigo e inquilino, mientras el juez a cargo de la investigación adelantó que el delito del que se lo acusa es “difícil de probar”. Si bien un periodista del diario La Nación reveló el caso, los grandes medios no muestran interés en profundizarlo.

Con perfil bajísimo, el lapso de un año fue suficiente para que Arribas se consolidara como el mandamás de la ex SIDE. Con aval presidencial, puso casi 600 espías nuevos, consiguió un importante aumento presupuestario para 2017, y se gestionó una mayor cobertura legal para manejar la Agencia a discreción.

Millonario, bonvivant y amigo personalísimo de Macri (el presidente le alquila su departamento de Libertador y Cavia), Arribas encabeza el ranking patrimonial de los funcionarios PRO. Con $115,6 millones, es el más rico entre ricos, por encima de Macri ($110,2 millones); del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren ($86,7 millones); y del ministro de Finanzas, Luis Caputo ($84,4 millones).

Antes de ser designada al frente de la AFI, Arribas era candidato a dirigir el programa oficial Fútbol para Todos. Pero la jefatura de la ex SIDE había quedado vacante, tras el rechazo de otro viejo amigo de Macri y Arribas: Daniel “El Tano” Angelici, quien renunció al cargo pero no a la posibilidad de influir sobre la justicia y la ex SIDE.

Pese a que no tenía expertise ni familiaridad con el espionaje, la postulación de Arribas consiguió un amplio apoyo en el Senado nacional. Obtuvo 44 votos a favor y sólo tres en contra.

Tras vivir en San Pablo por casi una década, el escribano y representante de futbolistas cumplía el único requisito que Macri consideraba indispensable: la confianza. Se la había ganado desde sus tiempos como escribano de Socma, y a partir de los negocios de compra y venta de jugadores en Boca.

Con Macri en la presidencia xeneize, Arribas fue intermediario en el cuestionado pase de Carlos Tevez al Corinthians en 2005. Tras declaraciones contradictorias sobre cuál había sido el monto real de la venta, el entonces diputado Mario Cafiero le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigara la trama de la operación.

“Fue escandaloso. Había fuertes sospechas de lavado y por detrás estaba la mafia rusa. Ya en ese momento estaba claro su rol de ladero de Macri en operaciones nonc sanctas”, opina Cafiero, doce años después. “Arribas era el testaferro de Mauricio”, acusa directamente el ex vice de Macri en Boca, Roberto Digón.

Al mando de la AFI, Arribas estableció una sociedad informal con un grupo de dirigentes que, pese a no contar con cargo formal, tallan sobre el rumbo de la Agencia: el presidente de Boca Daniel Angelici; el ex número dos de la SIDE durante el gobierno de la Alianza, Darío Richarte; y el mítico radical Enrique “Coti” Nosiglia, quien volvió a visitar el edificio de la ex SIDE.

A lo largo del primer año macrista en el gobierno, Majdalani funcionó como un pararrayos de las denuncias y cuestionamientos a la AFI. Por su perfil alto, pasado ultra-menemista, roces previos con la justicia y amistad con el ex número dos de la Agencia, Francisco “Paco” Larcher, la “Turca” Majdalani empujó a Gustavo Arribas hacia un conveniente segundo plano.

El amigo de Macri aprovechó ese corrimiento para concentrarse en la acumulación de poder: se alió estratégicamente con Angelici, echó y jubiló a casi 600 espías, y en contrapartida sumó unos 600 nuevos.

Ahora, tras la reciente acusación en su contra, salió de las sombras a la fuerza, convirtiendo por un momento a la ex SIDE en un hormiguero. Si bien Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña y algunos dirigentes radicales piden su suspensión de la AFI, Arribas cuenta con un apoyo casi blindado en Casa Rosada.

Según la investigación del periodista Hugo Alconada Mon y el equipo peruano IDL-Reporteros, en 2013 un financista de la constructora Odebrecht, condenada por el pago de coimas en Brasil, Argentina y otros diez países, le giró casi US$ 600. Aquel pago de septiembre de 2013 coincide temporalmente con un hecho de la política argentina: por aquellos días, obtuvo un nuevo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento. La obra quedó a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa (de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la española Comsa y la italiana Ghella.

Arribas negó tener relación con Odebrecht, pero admitió haber recibido unos 70 mil dólares por la venta de un inmueble en San Pablo. El giro se habría hecho desde una cuenta de Hong Kong a una de Suiza (declarada por Arribas), a través de una empresa que la justicia brasileña definió como "fachada" para el pago de coimas, lavado y evasión. El dato sobre el origen de la transferencia, y no tanto la controversia sobre el monto recibido, es el que más compromete a Arribas.

El jefe de la AFI, sin embargo, cuenta con las espaldas bien cubiertas. Macri lo sostiene casi a sobre cerrado. Con esa banca, el primer reflejo del gobierno fue protegerlo sin titubear. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, uno de los encargados de investigarlo, también le bajó el tono al posible delito en declaraciones a Radio con Vos. Para Canicoba Corral, quien encabeza uno de los tres juzgados a los que les tocaron las denuncias, la acusación "es muy difícil de probar". Los grandes medios, incluido el diario en el que se publicó la noticia, parecen encaminados a confiar en la versión de Arribas y a dar por cerrado el caso.

Así, Arribas se dispone a empezar el año, tras la vuelta de sus vacaciones en Brasil, con más facilidades al frente de la Agencia de Inteligencia. La AFI cuenta con un plus presupuestario de 355 millones de pesos: un aumento del 24,5%, por encima de la suba integral del presupuesto (22%) y de la inflación proyectada para el año próximo (17%). Además del aumento de fondos, la AFI ya no tiene la necesidad de rendir cuentas públicas, desde que Mauricio Macri habilitó por decreto la confidencialidad plena de sus recursos.