(por Andrés Fidanza) Desde los grupos de wasap, los comentarios de café y los almuerzos familiares, a las mentes de los jueces en Comodoro Py. Los climas sociales se filtran en los fallos y las decisiones del poder judicial. Y los fueros federales son especialmente permeables. Sobre todo para los compuestos por actores que, a diferencia de Claudio Bonadío, evitan convertir su carrera en una cruzada muy en contra o muy a favor de una fuerza política. Es es uno de los motivos que explica el reciente giro: que un sector de la justicia haya tomado cierta distancia de los intereses del gobierno.

En el lapso de los últimos diez días, el oficialismo sufrió una serie de desaires judiciales. El que más lamentó no fue el freno al festival de prisiones preventivos. Tampoco el rebaje en la acusación contra el empresario Cristóbal López, que lo obligó a una especie de sobreactuación de enojo mediático. La decisión más crítica para el macrismo fue tomada por la Corte Suprema: haber puesto en crisis el intento de federalizar por la ventana cinco tribunales ordinarios.

Por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso aprobó en diciembre del 2016 la federalización de cinco tribunales orales criminales: jueces dedicados a investigar robos, asesinatos y violaciones pasarían a manejar causas federales. Por ejemplo, corrupción de funcionarios pasados y en funciones. La ley permitía un recurso muy controversial y de constitucionalidad dudosa: saltearse un eslabón del mecanismo constitucional para la designación de jueces. ¿Cuál? Contar con el aval del senado, por dos tercios de los presentes. En adelante, al macrismo le bastaría con su mayoría automática en el Consejo de la Magistratura para completar esas tribunales federales.

Así podría ampliar los tribunales federales de forma exprés y casi a la medida de sus necesidades, licuando el actual poder de Comodoro Py.

El Tribunal Oral Federal 9, el primero de los traspasados, se encaminaba a juzgar a Cristina Kirchner en una suerte de megacausa. Ese TOF quedó conformado en diciembre del año pasado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Fueron postulados por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Mahiques, quien trabajó con Noceti años atrás. Mora a su vez es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex titular de la Asociación de Magistrados y simpatizante oficialista. La mayoría del oficialismo en el Consejo habilitó el ascenso de tales jueces.

La Corte Suprema, sin embargo, le puso un freno a la audaz jugada. Pero antes de que los supremos decretaran su inconstitucionalidad, los propios miembros del TOF 9 habían empezado a titubear. Le habían pedido a la Casación Penal Federal que los confirmara al frente de investigaciones tan sensibles, como la megacausa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, el reparto de la obra pública kirchnerista y el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA.

Antes de recibir el apoyo político pedido, la Corte trabó conceptualmente ese camino. A la pasada, ese freno confirmó el carácter zigzagueante de la relación entre Ricardo Lorenzetti y el gobierno.

Previa difusión del fallo de la Corte que tanto molestó a Macri, Ricardo Lorenzetti habló por teléfono con el presidente. Le anticipó de forma algo polite el sentido del fallo que trabaría los planes oficiales de federalizar Comodoro Py, sin la necesidad de pasar por el senado.

Después de esa conversación, se reunió en el palacio de Tribunales con el ministro de Justicia Germán Garavano. Y al día siguiente de esa cita a solas, los cinco jueces de la Corte firmaron un oficio celebrado por el gobierno. Esta vez por unanimidad, los cinco supremos expusieron sus sospechas respecto a la trama que derivó en la liberación de Cristóbal López y el alivio de la denuncia en su contra. El acta de la Corte representa un misil contra los los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, enemigos comunes de Lorenzetti y el oficialismo.

La relación entre el macrismo y el presidente de la Corte no admite lecturas lineales. Así, ante las dificultades y resistencias que ponen en crisis la hoja de ruta oficial, Macri apeló a uno de sus antídotos preferidos: saltearse estructuras políticas; apelar directo al alma de su electorado y un poco más allá. Eso mismo ensayó en sus recientes escraches televisivos a distintos jueces, empezando por los camaristas Jorge Ballesteros y Eduardo Farah.

En adelante, con más de un ojo puesto en ganar apoyo social, el macrismo repetirá la metodología. Desde las redes sociales, un pelotón de cuentas para-oficialistas agita la marcha para el 12 de abril, con la consigna de que #SinJusticiaNoHayRepublica.

Mientras tanto, la elección de Inés Weinberg de Roca para ocupar la Procuración general también resume esa suerte de puenteo a la corporación judicial. De haber querido congraciarse con el peronismo PRO-friendly, y a la vez con un sector de Comodoro Py, Macri debería haber promovido al fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé. Weinberg de Roca es una outsider de la justicia federal, ideológicamente afín al macrismo. Se trata de una nominación a favor de la justicia de diseño cambiemita, en medio de algunas (nuevas) adversidades.