Por Andrés Fidanza

 

Complicidad, falta de controles o una atonomización peligrosa. Cualquiera de las opciones evidencia una suerte de mala praxis del macrismo en el manejo de los organismos de inteligencia. Hasta tres figuras de Cambiemos habrían sido víctimas de ese espionaje desbocado e ilegal: la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo y la diputada Elisa Carrió. Así lo revelaron los archivos y fotos encontrados en la computadora de Marcelo D'Alessio, quien se volvió una fuente de enorme incomodidad para el gobierno. 

Durante su exposición en la comisión bicameral del congreso que controla los servicios de inteligencia, el juez federal Alejo Ramos Padilla confirmó el dato. ¿Cuál fue la reacción del oficialismo frente a la intención de poner el dedo en esa llaga por parte de Ramos Padilla? Exigir la cabeza del juez: sin sutilezas, tanto Mauricio Macri como el ministro de Justicia Germán Garavano pidieron su destitución, por el mero hecho de haber señalado la connivencia entre espías, policías, funcionarios judiciales, legisladores y periodistas. Una conexión que a esta altura resulta innegable.

Tal espionaje se habría concretado con la ayuda de algunos agentes de la AFI. Por ejemplo, el ex comisario bonaerense Ricardo Bogoliuk. Exonerado de la policía en 2006 por haberse asociado con piratas del asfalto de Mercedes, Bogoliuk ocupó un cargo en la ex SIDE desde el primero de mayo hasta el 31 de diciembre de 2017. Tras ser echado, armó una empresa de consultoría en Puerto Madero. Su compinche y socio era otro comisario echado de la bonaerense: Aníbal Degastaldi. Si bien no tuvo nombramiento formal en la AFI, Degastaldi chapeaba con ese estatus a cuenta de su amigo.

Ahora, D'Alessio, Bogoliuk y Degastaldi están procesados y presos. El juez Ramos Padilla asegura que integraban una banda dedicada a la extorsión y al espionaje, con fines económicos y políticos. Los dos ex policías devenidos en agentes de inteligencia tenían un superior que los coordinaba, según reveló el diario Perfil: Daniel Salcedo, ex comisario general y ex jefe de la Policía Bonaerense, también sumado a la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Entre sus objetivos figuraban Vidal, Ritondo y Carrió. Y esos nombres fueron sólo los que se conocieron, dentro de una lista mucho más amplia y escandalosa. Según trascendió, además D’Alessio intentó sacar chapa en el juzgado de Dolores exigiendo que se avisara de su situación nada menos que a Mauricio Macri y a los jefes de la AFI: el amigo presidencial Gustavo Arribas y Majdalani.

A lo largo de 2016, Arribas y Majdalani habían abierto nuevas sedes de la ex SIDE en la provincia de Buenos Aires: en Moreno, Morón y La Matanza, entre otros puntos. Su misión presunta era combatir al narcotráfico. Pero no lo lograron, y no está claro que alguna vez lo hayan intentado. Su práctica derivó en malas artes. Así fue que las bases bonaerenses de la AFI fueron cerradas a la fines de 2017.

Antes de que se conociera la novela protagonizada por D'Alessio, el ministro Ritondo había percibido esos movimientos sospechosos en la provincia de Buenos Aires. Por caso, el espionaje sobre su figura y la de otros dirigentes. De ahí, la posible conexión con Bogoliuk, Degastaldi y D'Alessio.

En su inminente exposición ante la bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia, Arribas y Majdalani rechazarán haber participado o estado al tanto de esa trama. En concreto, negarán haber mandado a espiar a Vidal, Ritondo y Carrió. Los opositores que integran la bicameral contra-atacarán: les reprocharán a Arribas y Majdalani, como mínimo, no haber hecho una contrainteligencia efectiva sobre el ex agente Bogoliuk y sus dos compañeros de ruta.