(por Andrés Fidanza) Aunque no haya existido llamado, lobby o sugerencia alguna, la buena estrella repentina de Farmacity marca los límites de una ilusión: la independencia plena de poderes. O mejor dicho: la fantasía de que los ex CEOs, empresarios y campeones de las finanzas no arrastren su agenda y su mirada del mundo, una vez que ocupen el poder político. El conflicto de intereses se abre paso, aunque los funcionarios macristas lo eludan, de forma genuina o sobreactuada. Y así se convierte en un sello de agua del ciclo cambiemita. En ese contexto, el ascenso de Farmacity es una metáfora de ese capitalismo serio y moderno, y que aprovecha cada uno de los atajos que se le presentan.

Fundado por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el tanque farmacéutico (un mini-shopping, en realidad) quedó a un paso de alcanzar dos viejos objetivos: desembarcar en la provincia de Buenos Aires y ganar una pulseada histórica contra los poderosos laboratorios locales (Roemmers a la cabeza, archi-enemigo de Quintana) y contra las farmacias de barrio.

Lo que Quintana no consiguió desde el poder empresario, lo está por lograr a control remoto desde su oficina en Casa Rosada. Mario de Mataderos se jacta de ser el único CEO que se hizo de abajo. Al mando del Grupo Pegasus, fundó y presidió Farmacity. También libró peleas jurídicas para que le habiliten su expansión. En 2010, contrató al estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados.

El bufete del actual juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, lo representó en la cruzada que hace unos meses llegó a la Corte: la supuesta inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que considera a la actividad farmacéutica como un servicio público. Pero su planteo fue desestimado en primera instancia, después por la cámara y por la Suprema Corte provincial.

Tras ese triple rechazo, ya con Cambiemos en el gobierno, Farmacity presentó un recurso en queja. Así consiguió que la Corte nacional tomara el caso. Días atrás, se anotó otro golcito: la Procuración General, a cargo interinamente de Eduardo Casal, consideró inconstitucional aquella ley provincial. Ese fallo se suma a otra decisión reciente del procurador interino, también favorable para el macrismo: la de correr al fiscal que investigaba el arreglo entre el Estado y el Correo Argentino.

La resolución sobre Farmacity, sin embargo, no es vinculante. La Corte la tomará como una referencia. El caso a su vez le permitirá a Ricardo Lorenzetti recuperar parte del liderazgo perdido. O al menos diluido, tras la asunción de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Ambos supremos, nombrados por Mauricio Macri, se excusaron en la causa a raíz de sus vínculos con la empresa.

Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco no tendrán plazos fijos para decidir. El olfato y pulso de Lorenzetti serán decisivos, en el contexto de un vínculo cada vez más zigzagueante entre el gobierno y el presidente de la Corte.

Con pronóstico todavía más favorable, Farmacity acaba de conseguir otro guiño a pedir de sus intereses. Llegó desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dependiente de la Secretaría de Comercio, que la dio la razón en primera instancia a su queja monetaria.

Se trata de un reclamo empezado en 2012 por Quintana. Congelado en tiempos kirchneristas, la CNDC reactivó el año pasado la denuncia por supuestas prácticas discriminatorias entre los laboratorios, las cámaras farmaceúticas y PAMI. Según el planteo, la maniobra apunta a correr a Farmacity del acuerdo de venta de medicamentos con descuento a los afiliados.

El 9 de noviembre pasado, la CNDC decidió imputar a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA), dando por acreditadas las conductas denunciadas. Con un detalle: excluyó del fallo a los laboratorios, que ahora se mantienen en silencio absoluto. En 2013, Quintana le había apuntado directamente a Roemmers, su archienemigo de la industria. “La rentabilidad del sector queda en manos de los laboratorios”, protestó entonces.

El sistema objetado por Farmacity distingue en función de las capacidades, ubicación, publicidad, facturación y volumen de ventas: por ejemplo, una farmacia mediana de Capital se hace cargo del 17% del precio del remedio al afiliado de PAMI, mientras que una chica de una ciudad chaqueña pone alrededor de un 10%. Y las cámaras son las que deciden. Dentro de ese panorama, los locales de Farmacity (no todos: hay más de 60 que ni siquiera accedieron a vender medicamentos vía PAMI) son uno de los que más aportan: más de 22 puntos.

“La Comisión de Defensa de la Competencia no quiere investigar si hubo una conducta anticompetitiva que perjudicó a Farmacity, sino que ya tiene la decisión tomada de sancionar a la COFA a pedido de aquella”, detalla una presentación hecha la semana pasada por COFA. Y a su vez exige la suspensión de ese especie de juicio que se realiza en la CNDC, dependiente del secretario Miguel Braun.

La Confederación objetó que Defensa de la Competencia rechazara gran parte de las pruebas que había pedido. También exigió la recusación de una perito de la CNDC, por supuesto sesgo en favor de Farmacity.

Mientras tanto, tras casi dos años y medio en el poder, Quintana anunció que venderá las acciones que aún tiene de la cadena (alrededor de un 3%). En caso de ganar alguna o ambas peleas, Farmacity multiplicará su valor.

Antes de la puja actual por entrar al territorio de María Eugenia Vidal, Farmacity tuvo que sortear algunas trabas para asentarse en la Capital. Las farmacias objetaban su condición ventajosa de cadena polirubro. Pero en 2014 un decreto del entonces alcalde Mauricio Macri saldó la discusión. Desde ese momento, la empresa fundada por Quintana sigue vendiendo tanto remedios, como artículos de limpieza, golosinas, café y galletas.